La Audiencia provincial de Las Palmas ha ratificado una sentencia de julio de 2013 por la que se condenaba a una promotora, la empresa Hornabeque, a devolver el dinero que cobraron por la venta de dos villas dentro de la urbanización La Velilla en el plan parcial Playa Blanca, que fue declarado ilegal por la Justicia.

Es la primera sentencia de este tipo que resuelve la Audiencia Provincial aunque ya ha habido varias favorables a los compradores en los juzgados de primera instancia.

El fallo declara “resueltos los contratos de compraventa por incumplimiento de la obligación de entrega por parte de la entidad vendedora y demandada” y condena no sólo a la devolución del dinero pagado por las casas sino también a una cantidad por los perjuicios causados.

La devolución por el coste de las casas podría superar el medio millón de euros. Las casas fueron vendidas por Hornabeque y comercializadas por la inmobiliaria Agueri.

Considera la Audiencia, como lo hizo antes el Juzgado, que la empresa vendedora ocultó información a los compradores antes de la firma de las escrituras, y que esa información era de carácter esencial y decisivo, ya que se trataba del pleito que habían interpuesto tanto el Cabildo de Lanzarote como la Fundación César Manrique, contra el desarrollo del plan parcial y contra las licencias de construcción otorgadas para las distintas urbanizaciones por parte del Ayuntamiento de Yaiza entre 2004 y 2006.

Como en otras sentencias anteriores, la Audiencia también habla de mala fe por parte de los vendedores “al ocultarles la existencia del litigio mencionado, y la posible nulidad de la licencia y posible demolición de lo ejecutado”, y señala esa mala fe porque Hornabeque Promociones, conocía el pleito ya que se había personado en el procedimiento.

Según la sentencia, esa información era esencial porque quedó probado “que los demandantes no habrían firmado las escrituras de compraventa de haber conocido la posible demolición de las obras ejecutadas al amparo de la mencionada licencia, habiendo incumplido la demandada su obligación de informar conforme a la buena fe contractual”.

También destaca que incumplieron “dolosamente la obligación de entrega, de manera esencial, al carecer de aptitud para el uso a que se destinó, o inhabilidad del objeto del contrato que impide la realización del fin del contrato”.

La sentencia destaca mala fe en los vendedores porque conocían que se habían puesto recursos para anular las licencias y no informaron a los compradores

Los compradores conocieron la existencia de ese pleito mucho después de firmar las escrituras, y según el fallo, no tienen la “obligación legal de soportar una entrega de tales características”.

Ya son varias las sentencias que han obligado a devolver el dinero, y más aún las reclamaciones. El pasado mes de julio se presentaron varias demandas reclamando la devolución de 40 casas. En el plan se construyeron unas 400 viviendas.

Con la aprobación del nuevo Plan General supletorio de Yaiza, se aprobó, a su vez, un nuevo plan parcial Playa Blanca que permitirá la legalización de las villas construidas e incluso incorpora una nueva parcela hotelera que no estaba en el plan original.

Esta nueva situación está siendo utilizada por las empresas vendedores en los tribunales como argumento para intentar no afrontar la devolución de las casas y el dinero a los llamados compradores de buena fe.