Hay una escena que resume bien la jornada del 11 de noviembre. Un comerciante llega a su local en Arrecife, que es su sustento y, a menudo, el de su familia, y encuentra un cartel que no ha puesto él y una cerradura que ya no gira. El cartel dice «cerrado por huelga». La cerradura, inutilizada con adhesivo, dice algo más claro, que aquí no abres tú; abrimos nosotros cuando queramos.

Nadie le ha preguntado si secunda la huelga. Es autónomo, no tiene un empresario frente al que ejercer un derecho que la Constitución reconoce a los trabajadores. Le han fabricado una huelga a medida, sin consultarle y con nocturnidad.

Conviene empezar por lo que no se discute. El derecho de huelga, recogido en el artículo 28.2 de la Constitución, es sagrado y protege al trabajador que decide ejercerlo. Pero es un derecho a no trabajar, no un derecho a decidir por el vecino. El propio Real Decreto-ley 17/1977, que regula la materia, permite a quienes están en huelga hacer publicidad de ella en forma pacífica y recoger fondos sin coacción alguna (art. 6.6). Los piquetes informativos son lícitos; ante actuaciones coactivas o violentas, lo que procede es documentar los hechos y acudir a la autoridad.

Informar es repartir una octavilla, explicar los motivos e invitar a sumarse. Inutilizar una cerradura es otra cosa. Obligar a cerrar es otra cosa. Colocar un cartel con la voz de otro, en nombre de un cierre que no ha decidido, es otra cosa. Esas conductas pueden ser constitutivas de un delito de coacciones (el artículo 315.3 del Código Penal castiga expresamente a quienes coaccionen a otros a iniciar o continuar una huelga) y, según el caso, de daños. El nombre es feo, pero es el que corresponde.

Lo más corrosivo es el truco semántico. Se llama «informativo» a lo que es disuasorio, y «piquete» a lo que es una cuadrilla de delincuentes nocturna con un tubo de pegamento. Quien elige la noche para «informar» no está informando. Quien está seguro de su razón da la cara y llama a la puerta al amanecer.

Se dirá que fueron episodios aislados. Puede ser, y hay que decirlo para ser justos. Pero un movimiento que presume de masividad y de apoyo social no debería necesitar cerrajería creativa para parecerlo. Si la huelga era tan fuerte, sobraban los carteles. Si hacían falta, cabe preguntarse cuántas de las persianas bajadas lo estaban por convicción.

Hay además un daño que no se contabiliza. Cada cerradura inutilizada es un comerciante que mañana mirará con recelo la causa que sus autores dicen defender. La vivienda y los salarios son demandas serias, que merecen mejores abogados que quienes confunden convencer con obligar. Quien pega cerraduras no refuerza esa causa, sino que se la regala a quien quiera desacreditarla.

Los sindicatos convocantes no pueden refugiarse en un «no eran los nuestros». Quien convoca y moviliza responde, al menos, de vigilar lo que se hace en nombre de la convocatoria, y de condenar sin matices lo que se pasa de la raya antes de que lo hagan otros. Y si los carteles adhesivos salieron de su imprenta, la excusa es aún más débil. Quedan tres semanas para las elecciones generales, y la memoria de quien amaneció con la puerta inutilizada es larga.

El derecho de huelga tiene una contrapartida conocida. El empresario no puede adoptar medidas para dejarla sin efecto ni tomar represalias contra quien la secunda. Del mismo modo, quienes la promueven no pueden coartar a quien decide no hacerla, y menos aún a quien, como el autónomo, ejerce su libertad de empresa (art. 38 CE). El derecho a hacer huelga incluye el de no hacerla. Quien no lo respeta se parece bastante a aquello contra lo que dice protestar, alguien que decide por los demás sin preguntarles. Y gracias que no me ha salido lo de mandar a la mierda a semejantes energúmenos en modo piquetes.