“Hay mucha gente que piensa que está por encima del bien y del mal y que puede ir por donde quiera pegando tiros”. Así resumen los vecinos del Diseminado de Haría la situación que viven cada vez que se abre la temporada de caza en la Isla. Los domingos se despiertan con disparos junto a sus casas, y tampoco han faltado los enfrentamientos con los cazadores que incumplen la normativa.

El más grave se produjo a finales de septiembre, cuando un cazador fue detenido por disparar dentro de la zona de seguridad que protege las viviendas, con un vecino “en la línea de fuego”. Con los disparos intentaba alcanzar unas perdices, pero el vecino estaba justo delante, increpándole por invadir su finca. El Juzgado archivó las diligencias dos días después, concluyendo que los hechos podrían ser una infracción administrativa, pero no un delito. Sin embargo, este episodio refleja la impotencia, el miedo y la indignación que viven muchos vecinos, y no solo en esta zona de la Isla.

Desde que trascendió este suceso, en el Diseminado de Haría afirman que pasaron unas semanas “más tranquilos”. Allí disminuyó la presencia de cazadores, pero incrementaron su actividad en otros lugares. De hecho, el primer domingo de octubre, el Seprona tuvo que intervenir en Los Valles. “Estaban pegando tiros a 30 metros de la carretera”, aseguran los vecinos, que recuerdan que en las zonas de seguridad, los cazadores deben ir con la escopeta guardada en la funda y con los perros atados.

Sin embargo, denuncian que son muchos los cazadores que incumplen la normativa, y se quejan de la falta de vigilancia. Entre septiembre y la primera quincena de octubre, el Cabildo resolvió 16 expedientes sancionadores contra cazadores, pero ninguno relacionado con las zonas de seguridad o con la invasión de propiedades privadas, que son las principales quejas de quienes viven en esas zonas.

Norberto, que tiene terrenos de cultivo en el municipio de San Bartolomé, lleva años presentando denuncias y asegura haber recibido varias agresiones. Uno de los episodios violentos, en el que recibió amenazas y le rompieron los cristales de la casa, terminó en condena, pero solo de multa.

Hace un año también fue condenado un cazador a 14 meses de cárcel por agredir al dueño de una finca de Máguez. El joven se había metido en su propiedad con otros dos cazadores y cuando el propietario le llamó la atención, le dio un puñetazo en la cabeza y un pisotón en el muslo. “Lo que está ocurriendo con la caza en Lanzarote es una salvajada”, coinciden desde distintos puntos de la Isla.

Cazadores aparcando junto a una finca privada.

“Incivismo”

“Esto es una cuestión de incivismo, porque el que respeta, por muy cazador que sea, sabe cuáles son sus límites. Y después está la otra clase de personas a las que les da igual todo. De los segundos es de los que nos quejamos”, afirma Thara desde Guatiza.

“Este año me han matado tres gallinas. Una la encontré con las tripitas fuera”

Para ella el problema empezó hace unos 10 años, cuando decidió comprar una finca en la zona que va hacia la presa de Mala. Allí tiene unas cuadras con gallinas, un caballo, un burro... “Si viviera ahí seguro que sufriría más episodios, pero lo veo cuando voy a atender a mis animalitos”, explica. En estos años, se ha encontrado a varios muertos.

“Este año, por ejemplo, me han matado tres gallinas que acababa de comprar. Una la encontré con las tripitas fuera y de las otras dos no encontré ni rastro”, lamenta. El año pasado le ocurrió lo mismo con un gallo. Está convencida de que fueron los perros de caza, porque muchas veces los ha visto “molestando a los animales” dentro de su propiedad, sin que sus dueños hagan nada por impedirlo.

“He tenido broncas con más de un cazador, porque se ponen a cruzar por en medio de la finca con 15 o 20 perros”, denuncia. “Si el camino está a 20 metros, vete por el camino. Pero no, se te quedan mirando con toda su panchorra, porque pasan de todo, y muchas veces coges nervios. ¿No ves que estoy aquí? ¿No ves que hay animales? ¡Vete para allá!”

Por eso, lo que pide es que haya una mayor vigilancia de esta actividad, y sobre todo que las autoridades acudan cuando se da alguna alerta, porque le consta que hay vecinos que han llamado y nadie ha acudido. “Por lo menos que se personaran, o que dieran parte de lo sucedido, porque un día va a pasar algo y nos sentimos desamparados”.

Gallinas muertas en propiedades donde acceden los perros de caza.

Disparos “a dos metros”

Patricia vive en una finca a la salida de Tahíche y lleva años sufriendo el mismo problema. “Lo que no puede ser es que yo me despierte un domingo por los tiros. Es que no es lógico, es muy grave”, denuncia. Según la normativa, los cazadores tienen que respetar una zona de seguridad -que abarca un radio de 100 metros desde las zonas habitadas-, pero afirma que la realidad es distinta: “Yo los he tenido disparando a dos metros del muro”.

“No puede ser que me despierte un domingo por los tiros. Es muy grave”

En su caso afirma que vive “en medio de la nada” y que la siguiente finca está a un kilómetro. “¿Qué les cuesta apartarse un poco? Hay muchas zonas donde no hay fincas alrededor como para que estén disparando pegados a los muros”, cuestiona. Además, describe una situación en la que coinciden muchos vecinos de otros municipios de la Isla: “Si les dices algo encima se te ponen chulos, cuando estamos en todo nuestro derecho de estar en nuestra casa tranquilos, sin necesidad de pasar estos sustos ni de estar temiendo por nuestros animales”. En los 12 años que lleva viviendo en esa casa, afirma que le han “desaparecido” varios gatos. “Los perros de caza los persiguen y los matan”, denuncia. No son los únicos que lo sufren. Antes también tenía una yegua que “se ponía histérica con los disparos”.

Patricia tiene especialmente grabada una situación que vivió hace unos años: “Un domingo me desperté y estaban pegados al muro de mi finca un señor y un niño pequeño. No era ni un adolescente y estaban los dos con escopetas”, recuerda escandalizada. “Usted no tiene vergüenza. ¿No ve que le va a dar un infarto a la yegua?”, le dijo al padre. Después se contuvo: “No quise enfrentarme más porque yo tengo un poco de decencia y estaba delante ese niño, que tendría unos 10 años”.

En estos años ha perdido la cuenta de las veces que ha llamado al Seprona. “Una vez me subí a la azotea a llamar a la Guardia Civil gritando, para que los cazadores se dieran cuenta, que luego pensé: Dios mío, yo estoy sola, me pegan un tiro y acabo aquí en la azotea y nadie se da cuenta”.

Ahora afirma que está “un poquito más tranquila”, pero advierte que el problema no ha terminado. A principios de octubre volvió a ver cazadores disparando pegados a su finca, y esta vez de poco sirvió su llamada a la Guardia Civil. “Me dijeron que en un rato pasaban, pero aquí no vino nadie”.

Además, subraya que no es ni mucho menos la única que está sufriendo esta situación. “Estamos todos igual. No tienen vergüenza”, lamenta, recordando que también hay niños viviendo en algunas de las casas afectadas. “Yo los gustos de cada uno, mira, me callo. Yo puedo tener mi hobby, pero siempre que respete a los demás, y a ellos les da igual”.

Un libro

Para Norberto, la situación ha tenido consecuencias más graves. “Cuando yo cogí esta finca todo esto era puro monte. Estaba todo destrozado y ahora tengo ocho hectáreas de viña”, explica mostrando sus zocos y sus parras en el municipio de San Bartolomé, cerca de El Islote. Sin embargo, estos ocho años también han tenido mucho de pesadilla. “Yo podría escribir un libro con lo que me ha pasado aquí”.

“Entran en tu finca y si les dices algo, encima se te ponen chulos”, dice Patricia

Desde 2018 ha presentado decenas de denuncias, y para demostrarlo carga con una gran caja repleta de documentos y fotografías. En ellas se ven gallinas muertas, perros de caza en medio de sus cultivos y subidos a los socos, vehículos de cazadores aparcados dentro de su propiedad y pegados a la casa... Incluso en otras aparecen los cristales de su coche rotos, las ruedas pinchadas y hasta lesiones personales que denuncia haber sufrido durante esos años. “A mí me han hecho de todo. Me han amenazado cuatro veces de muerte, diciéndome que me tengo que ir o que me matan”, asegura. Incluso afirma que en una ocasión le llegaron a apuntar con una escopeta.

El problema es que cuando consiguió la cesión de esta finca y empezó a cultivarla, los cazadores siguieron utilizándola como zona de caza, y comenzaron los enfrentamientos. “Esto es una propiedad privada. Esto no es una zona de cacería”, afirma mostrando a lo lejos el límite de la finca y el inicio de lo que sí es una zona habilitada de caza y de entrenamiento de perros. “Pero en vez de meterse para allá a cazar vienen para acá, donde tengo yo la viña, a tumbarme los muros con los perros”.

En 2021 consiguió una condena. La sentencia declaró probado que el cazador, “contrariado porque el denunciante le había indicado que debía abandonar la finca, le manifestó que de esa noche no pasaba y que le iba a quemar la casa. A continuación, haciendo uso de un palo con una punta metálica que portaba, fracturó el cristal y la plancha de madera de dos ventanas de la vivienda”. El fallo solo le impuso 420 euros de multa por un delito leve de amenazas y otros 360 euros por un delito leve de daños, y rechazó imponer medidas de alejamiento de la víctima.

En este caso, Norberto pudo aportar grabaciones en vídeo de lo ocurrido. En otros, sus denuncias por la muerte o desaparición de decenas de gallinas y por la invasión de su finca fueron archivadas durante la instrucción o terminaron en absolución, porque no se pudo identificar a los autores. En cuanto a otras denuncias por agresiones y episodios violentos, en dos casos hubo denuncias cruzadas de lesiones, y las dos partes terminaron retirando la denuncia.

“Cuando ven que los voy a grabar, a veces se me vienen encima”, sostiene Norberto. Otras veces, afirma que cuando le ven coger el móvil para tomar imágenes o llamar a la Guardia Civil se acaban marchando, casi siempre profiriendo insultos.

El camino de la discordia

Además de decenas de denuncias, Norberto también ha presentado escritos ante el Cabildo y el Ayuntamiento de San Bartolomé para que vigilen la zona y adopten medidas, pero cuestiona que lo único que ha hecho el Consistorio es actuar contra él, cuando ha intentado frenar esta situación por sus propios medios.

En la zona ha colocado carteles de “prohibido cazar” y hace unos años puso una cadena en el camino que atraviesa su finca para evitar que los cazadores siguieran entrando con vehículos a sus terrenos. La respuesta del Ayuntamiento fue abrir un procedimiento de investigación de bienes en 2025, que concluyó que ese camino pertenece al Consistorio y le ordenó retirar la cadena.

“El camino lo hizo el anterior dueño de la finca y ese tramo es peatonal, no para coches”, defiende Norberto, que alega que tanto los peatones como las bicicletas podían seguir circulando a pesar de la cadena. Ante su negativa a retirarla, lo terminó haciendo el Ayuntamiento.

De quien sí afirma que ha recibido más atención es del Seprona, que ha acudido a la finca en numerosas ocasiones. De hecho, gracias a eso cree que la situación ha mejorado algo, aunque muchos días sigue encontrando cazadores dentro de la propiedad. “Ya conocen mis horarios y vienen cuando no estoy”, afirma.

En su opinión, el problema es que hay muchos cazadores en la Isla y cualquiera puede tener “un hermano, un hijo, un tío o un amigo en el Ayuntamiento, en la Policía” o en cualquiera de las administraciones implicadas. “Cuando yo denuncio, eso no trasciende a nada, acaba en la basura”, lamenta. “Yo he montado fincas que estaban abandonadas y lo que quiero es que me dejen trabajar en paz y tranquilo”.