La Guardia Civil informó el pasado martes de que una empresa de Arrecife perdió 25.000 euros en una estafa informática en la que bastó con un correo electrónico manipulado con unos datos bancarios alterados. El caso no tiene nada que ver con el juego, pero describe bien un riesgo que también existe en el ocio digital: el dinero se mueve con un par de clics y la apariencia de una web o de un mensaje ya no garantiza nada. En Lanzarote, como en el resto del archipiélago, buena parte del ocio pasa ya por plataformas online, y cuando hay transacciones económicas de por medio resulta importante conocer las medidas de seguridad y las condiciones de uso antes de registrarse.

La licencia, el primer filtro

En España, las plataformas de juego online con dinero real deben contar con la autorización de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el regulador estatal encargado de aplicar la Ley 13/2011 de regulación del juego. Esta normativa también se aplica a los servicios de casino online de dinero real, que deben cumplir una serie de requisitos para operar legalmente. La comprobación lleva menos de cinco minutos. La DGOJ publica en su web el listado de operadores con título habilitante, y cualquier usuario puede contrastar ahí el nombre de la empresa que aparece al pie de la página. Los operadores autorizados trabajan además con dominio «.es» y muestran el distintivo de juego seguro del regulador. Si un sitio ofrece servicios en perfecto castellano pero no figura en ese registro, no está autorizado para operar en España, aunque exhiba una licencia de Malta o de Curazao.

Esa licencia implica una serie de obligaciones. Los operadores deben utilizar juegos auditados, cumplir con los requisitos de protección de los fondos de los usuarios, respetar la normativa de protección de datos y ofrecer herramientas de juego responsable. También existen procedimientos formales de reclamación para resolver posibles incidencias.

Qué cambia por acceder desde las islas

Nada en lo esencial. Los salones de juego, los bingos y los casinos físicos de Canarias están sujetos a la regulación autonómica, pero el juego online es competencia estatal. Un usuario de Arrecife, de Tías o de Playa Blanca tiene los mismos derechos y obligaciones que uno de Madrid o de Sevilla.

Eso incluye la edad mínima, 18 años, y la parte fiscal: las ganancias obtenidas en determinadas actividades de juego pueden tener implicaciones en el IRPF. La publicidad también está regulada. El Real Decreto 958/2020 establece limitaciones a las comunicaciones comerciales y a las promociones, por lo que resulta conveniente revisar las condiciones de cualquier oferta recibida a través de redes sociales o mensajes directos.

Las señales de alarma se repiten

Al buscar información sobre entretenimiento digital, es habitual encontrar plataformas con características y condiciones muy diferentes. En el ámbito del juego online, la identificación del operador y la transparencia de sus condiciones son aspectos especialmente relevantes. Las webs fraudulentas comparten rasgos con los engaños que este periódico ya describió en sus consejos para no picar con las estafas online en temporada alta: ofertas poco realistas, mensajes que buscan provocar decisiones apresuradas y textos legales vagos o inexistentes.

Igualmente, existen otros elementos que conviene revisar. La ausencia de controles de identidad, la falta de verificación de edad o el uso exclusivo de métodos de pago difíciles de rastrear pueden indicar que un servicio no cumple con los requisitos legales. También es importante que consten claramente los datos de la empresa responsable y sus canales de atención al cliente.

Identidad, pagos y datos

En una plataforma autorizada, el registro exige datos personales como el nombre, el DNI o el NIE, la fecha de nacimiento y la dirección. El operador debe realizar las comprobaciones de identidad correspondientes y, en determinadas circunstancias, puede solicitar documentación adicional o una verificación por vídeo. Estos procedimientos forman parte de las medidas destinadas a prevenir el fraude, proteger los datos personales y evitar el acceso por parte de menores de edad. Con los pagos, conviene aplicar la misma lógica que en cualquier compra online: utilizar métodos reconocidos y con trazabilidad, comprobar los datos del destinatario y desconfiar de las solicitudes de transferencia recibidas por correo o mensajería.

El fraude que sufrió la empresa de Arrecife funcionó así, con una factura en PDF en la que solo cambiaba el número de cuenta. La propia Guardia Civil recordó que su CiberComandancia admite denuncias telemáticas las 24 horas del día, una vía que también puede resultar útil ante posibles fraudes relacionados con servicios digitales.

Herramientas de protección y uso responsable

La seguridad en el ocio digital también está relacionada con los hábitos de consumo. Las plataformas de juego autorizadas deben disponer de herramientas que permitan establecer límites de depósito diarios, semanales y mensuales, así como ofrecer opciones de suspensión temporal de la actividad. Estas medidas están pensadas para facilitar un uso responsable y ayudar a los usuarios a mantener el control sobre el tiempo y el dinero destinados a estas actividades. El juego online debe entenderse como una actividad de entretenimiento y no como una fuente de ingresos. Para quienes necesiten restringir su acceso, existe el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, gestionado por la DGOJ, que permite solicitar la autoexclusión en las plataformas legales.