El reparo de la interventora del Cabildo, Rosalinda Bonilla, que considera que no es legal el método que el Consorcio del Agua (Cabildo y ayuntamientos) ha planteado para pagar más de 35 millones de euros a los acreedores de Inalsa va a terminar de manera inminente en la fiscalia.

Así lo han confirmado fuentes de Alternativa Ciudadana (AC), que sostienen que el dictamen de la interventora “desmonta la estrategia” seguida por el grupo de gobierno (CC y PSOE), que “para evitar que los políticos que llevaron a Inalsa a la ruina paguen con el embargo de sus bienes” han querido aprobar “una supuesta irregularidad”.

“para evitar que los políticos que llevaron a Inalsa a la ruina paguen con el embargo de sus bienes”

Además de la denuncia en Fiscalía, Alternativa también está ultimando un recurso judicial contra la privatización de la desalación, venta y depuración del agua en la Isla, adjudicadas a la empresa madrileña Canal de Isabel II durante al menos los próximos 25 años. También estudian denunciar la privatización a la Comisión Nacional de la Competencia.

El informe de la interventora del Cabildo, que dimitió días después de presentar su reparo de legalidad, considera “nulos de pleno derecho” los acuerdos para saldar la deuda que arrastra Inalsa. Considera que no cabe que el Consorcio pague “en nombre de Inalsa” unos 35,5 millones a los acreedores procedentes casi en su totalidad del canon que debe abonar en los próximos cuatro años Canal de Isabel II.

La interventora interpreta el trasvase de los fondos como un “préstamo” para “financiar las pérdidas acumuladas” en Inalsa y subraya que la ley “no plantea” esa posibilidad si no, como mucho, “avales” y con “una serie de requisitos previos”. Además, recalca que la fórmula para saldar la deuda con Inalsa “atenta contra los intereses” del Consorcio del Agua y “agravaría” su situación económica al impedirle reclamar 17 millones que también le adeuda Inalsa hasta que se ‘sirvan' los acreedores: FCC, Endesa y Aguas Filtradas principalmente.

“La interventora falta a la verdad y no advirtió”

El presidente Pedro San Ginés ha manifestado que la interventora “falta a la verdad” y asegura que “ha validado todo el proceso de principio a fin” hasta emitir su reparo. “En una asamblea le pregunté de manera expresa y jamás objetó nada”. Aventura dos escenarios: que el juez decida o que se retire la forma de pago a los acreedores. “La consecuencia de que tenga razón la interventora, lejos de verse beneficiado el interés público y general”, dice San Ginés, sería que Inalsa se liquidaría y que “el acuerdo que hoy tenemos para descontar nueve millones de la deuda” se esfume, pleiteando contra el Consorcio “y los anteriores administradores”.

“Cuando interesa, se insulta a los funcionarios”

El portavoz del PIL, Ramón Bermúdez, tacha de “lamentable” las críticas de San Ginés a la interventora. “Tenemos un presidente que no se merece el Cabildo, que cuando le interesa los funcionarios son muy buenos, como cuando avalan la compra por 1,6 millones la casa de la calle Fajardo, y cuando no se les insulta y descalifica”, denuncia. Bermúdez cuestiona que “se haya trasladado al Juzgado un supuesto acuerdo para pagar a los acreedores de Inalsa sin tenerlo arreglado aquí”.