No leía, no preguntaba, no sabía nada, no era su competencia, no comprobaba si se hacía la obra, pero firmaba. Francisco Saavedra, ordenanza subalterno en el Ayuntamiento de Arrecife, declaró como imputado la pasada semana dentro del caso Unión, en la pieza de las comisiones ilegales. Es uno de los dos últimos imputados.

Así se encargaban los trabajos y se pagaban muchas de las facturas que se investigan dentro del caso Unión y que tienen relación con la empresa Infogelanz, que facturó al Ayuntamiento por obras y servicios cerca de 1,3 millones de euros en dos años, cuando la empresa no había trabajado anteriormente para el Consistorio.

Este trabajador dice en su declaración que no sabe distinguir entre un contrato menor y otros contratos diferentes, que ni siquiera sabía si existía el departamento de contratación y que desconoce lo que es un fraccionamiento de contrato. Repite insistentemente que le decían que su función era hacer lo que le mandara el alcalde o los concejales.

Relató que la ex concejal Luis Blanco, también imputada, le llamó para que echara una mano en la concejalía de Barrios porque había mucho trabajo. Preguntó qué tenía que hacer y le dijo que cuando le llevaran las propuestas de compra las tenía que firmar como trámite y ya está, y señala que otras dos trabajadoras, también imputadas en la causa, le llevaban esas propuestas para que las firmara y que no se planteó por qué no firmaban ellas. Dice que no era consciente de que su firma era importante, que “era lo normal”.

Le pasaron una factura de 23.000 euros y el interventor le dijo que si estaba firmado por él también podía firmarla

En otras ocasiones, en lugar del presupuesto, cuando los trabajos estaban hechos, le decían que tenía que firmar y firmaba sin tener el contrato delante. “Le llegaba la mercancía y firmaba y ya está”, dice la declaración. En una ocasión le pasaron una factura de 23.000 euros, fue al interventor y le dijo que si estaba firmado por él mismo pues también podía firmarlo.

Este ordenanza llega a reconocer que firmaba los presupuestos de gasto pero que no sabía si había otras ofertas o cuáles eran, que pensaba que todo formaba parte de un Plan de Barrios y que no se había presentado ninguna oferta más y que el secretario le decía que tenía que hacer las funciones que le mandaran. Le parecía normal porque firmaban todos: él, el interventor, el técnico de compras, el concejal de Hacienda, otros funcionarios... El hecho es que no miraba ni el nombre de la empresa que se llevaba el contrato, según su testimonio.

Ahora entiende que se estaban vulnerando los controles y piensa “que ha hecho el tonto y sabe que ha cometido un error”

Según su declaración, después se ha ido dando cuenta de que pasaban cosas raras y ya no quiere hacer ese trabajo porque no le pagan para ello. Cree que era “para beneficiar a alguna empresa, que se estaban vulnerando los controles y piensa “que ha hecho el tonto y sabe que ha cometido un error”.

Dice el ordenanza que el Ayuntamiento ha cambiado mucho y que ahora se ve que se piden los presupuestos pero que antes le daba la sensación de que no se pedían. También dice que nunca recibió dinero alguno de nadie, “ni un café”.

La declaración dice textualmente sobre el proceder en el Ayuntamiento: “Antes era medio disparate cómo se trabajaba, el run run que dice la gente, que los concejales se están haciendo ricos, que si compran a aquel, al otro, que siempre venían con sus amigos. Se oye en todos lados pero nunca pensó que fuera así”. Asegura que ha sido utilizado, que está bastante desilusionado y les culpa a todos: “Entré en el Ayuntamiento y pensé que era un lugar serio”.

Oposiciones exprés

La magistrada que instruye Unión le pregunta al ordenanza que explique, en su declaración, cómo accedió a su puesto de trabajo, hace 29 años. Señala que sólo le pidieron estudios primarios. “El examen era usar la fotocopiadora, les preguntaban verbalmente uno a uno y ya está”, asegura.