El Cabildo se comprometió a ejercer de intermediario para que el Instituto Social de la Marina le entregara las setenta casas de Valterra que quedaban por entregar a sus propietarios con el único cometido de entregarlas a los vecinos, los legítimos propietarios.

Ya es curioso que alguien haya pagado durante veinte o treinta años las casas y que, después de eso haya tenido que pelear por la propiedad porque una constructora local, que compró una antigua conservera, quiso quedarse con las casas. Pero casi es peor que después de ganar el pleito, por cuestiones de mera burocracia, algunas de esas casas aún no se encuentren en sus manos.

Se llegó a aprobar una ley para el traspaso de las casas por parte del Instituto Social de la Marina, pero antes de eso el Ayuntamiento de Arrecife, con una alcaldesa del PP, se quitó del medio, y el traspaso lo tuvo que asumir el Cabildo.

Cuando parecía que todo estaba arreglado, el cambio de gobierno en el Cabildo ha vuelto a provocar una dilación. Se supone que solo tiene que recibir la documentación de cada casa, comprobar que son los legítimos propietarios y traspasarla. Para eso hace falta poner a alguien a que lo gestione, no se va a hacer solo.  

El actual consejero de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, dice que no es tan fácil y que tras una reunión en Madrid con el Instituto Social de la Marina le dijeron que también han tenido problemas para ceder las otras 120 casas. Pero lo hicieron. En eso consiste la política: en resolver problemas.

Da igual que el compromiso sea de la anterior presidenta, que sea complicado o que tenga que dedicar a esta labor los trabajadores que tenga que dedicar. Es una vivienda, en la mayoría de los casos la única vivienda de toda una vida. Y lo normal sería no especular con esto. ¿Qué sentido tiene alargarlo?