Está bien que la Policía Local de Arrecife haga su trabajo y denuncie, si tiene que hacerlo, a un local que opera como vivienda vacacional sin tener la licencia turística y, sobre todo, sin cumplir los requisitos mínimos para hacerlo porque ni siquiera es una vivienda. Ahora es un centro de yoga, antes fueron unas casetas de campaña…

Está bien, pero que el Ayuntamiento saque pecho publicitando esas inspecciones es para hacérselo mirar, porque puede y debe hacer mucho más frente a la oferta turística. No es solo un problema de competencia con las que cumplen los requisitos, sino que es parte de un problema social porque influye en la falta de vivienda.

Arrecife, como casi todos los demás ayuntamientos, no sabe qué hacer en materia de vivienda. Ni siquiera hay atisbos de que vaya a hacer caso a su propio partido. Cuando la consejera de turismo del Gobierno de Canarias, del PP, presentó el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, dijo que serán los ayuntamientos quienes establecerán los límites: “Serán los municipios que tengan desarrollados o desarrollen sus planes urbanísticos los que puedan articular medidas para hacerlo de una forma más eficiente”.

Pues no se ha vuelto a saber nada de la planificación urbanística de lo que antes era un ayuntamiento y ahora es una promotora de eventos. El urbanismo se ha dejado en manos de un equipo técnico, sin ideas propias, y de manera eterna. Pájara ya ha aprobado un Plan General que regula la vivienda vacacional y a Las Palmas de Gran Canaria, la justicia ya le ha avalado la prohibición de las viviendas vacacionales en edificios residenciales que no cumplan con determinados requisitos.

Entre Arrecife y Playa Honda hay más de 2.200 plazas vacacionales. Seguro no todas están en locales de yoga, pero es muy posible que una gran mayoría no cumplan los requisitos mínimos para estar en el mercado. Si quieren multar, tienen margen de sobra.