La periodista especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos Humanos, Olga Rodríguez, visitaba recientemente Fuerteventura para participar en las Jornadas Los retos del siglo XXI: Geopolítica, racismo y memoria democrática, organizadas por la Concejalía de Cultura de la capital. La corresponsal de guerra abordaba la situación de Gaza después de ocho meses de conflicto y la muerte de más de 38.000 personas. En una conversación con Diario de Fuerteventura y Diario de Lanzarote, Rodríguez denuncia la impasibilidad de Occidente ante el genocidio en Gaza; los ataques de Israel a los defensores de los derechos humanos acusándolos de antisemitas y el nulo interés de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, por alcanzar acuerdos de paz. En la entrevista también aborda el papel de la prensa en el conflicto y el avance de la extrema derecha en Europa con la alianza de algunos medios de comunicación. Como contraposición plantea “un ejercicio del periodismo con un sentido de la responsabilidad social y con una cultura de los derechos humanos”.

-Lleva más de 20 años cubriendo episodios como la invasión y ocupación de Irak, el conflicto en Afganistán, la guerra en el Líbano o las revueltas árabes, pero ¿qué diferencias se ha encontrado con respecto a la situación de Gaza?

-Lo de Gaza es único en muchos sentidos. Es la primera vez que la prensa internacional no puede entrar en Gaza. Los que están trabajando allí son los periodistas que vivían dentro. Ocho meses después, seguimos  sin poder entrar. Eso es inédito y único y condiciona el efecto político y social de lo que está pasando en Gaza. Si hubiera prensa internacional, el efecto de lo que ellos contaran sería mayor. En el fondo, entre líneas, hay racismo. No es lo mismo que cuente algo un periodista palestino a que lo cuente la corresponsal de la CNN. Esos corresponsales estarían viendo matanzas todos los días y denunciándolas y, por lo tanto, habría una reacción y un escándalo mayor en países europeos y estadounidenses. En segundo lugar, la envergadura de los ataques contra población civil es inigualable a todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Yo cubrí la guerra de Afganistán, la de Irak y hubo cosas muy bestiales, pero aquí se han tirado muchas más toneladas de bombas y, una y otra vez, son ataques indiscriminados contra la población civil. Por último, está la cuestión de los gobiernos occidentales con bastante unanimidad para no presionar a Israel frente a las que se han podido adoptar contra Rusia a la hora de la invasión del territorio ucraniano.

-¿Cómo está afectando la situación de Gaza al derecho internacional y a la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas?

-Es algo que puede cambiar todo el orden internacional. En los circuitos internacionales de los derechos humanos hay una gran preocupación. Estamos presenciando en tiempo real un doble rasero. Vemos todas las sanciones; embargos de armas; suspensión de relaciones comerciales y/o diplomáticas con Rusia; condenas políticas contundentes; emisiones de orden de arresto contra Putin y la defensa unánime, por parte de Occidente, de la integridad territorial de Ucrania. Sin embargo, nada de esto se ha aplicado para Israel. Incluso, ha habido declaraciones públicas como las del secretario de Estado de Estados Unidos diciendo que no cree que el Tribunal Penal Internacional tenga jurisdicción para el caso de Israel y que, sin embargo, sí trabajan mano a mano con el Tribunal Penal Internacional para los casos de Ucrania, Sudán y Darfur. Ya no hay hipocresía. Se ha pasado la fase del cinismo sin disimular ese doble rasero. Hay un riesgo de derrumbe del armazón construido tras la Segunda Guerra Mundial basado en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Se han cruzado determinadas líneas rojas. Hay una gran preocupación porque se puede estar machacando el derecho internacional en favor de la ley del más fuerte y de la guerra como única opción.

“Si los periodistas muertos fueran occidentales, el escándalo sería mucho mayor”

-¿Qué se plantea ante esto?

-Se plantea la defensa de un refuerzo en derecho internacional y la defensa de una reforma de  Naciones Unidas, cuyo diseño está obsoleto porque han pasado más de 80 años. Tiene un sistema de voto y de veto en el que todo lo condicionan los cinco países que tienen derecho a veto. Hay voces que están afirmando que se necesitaría esa reforma para buscar un diseño que facilitara unas dinámicas de más respeto mutuo entre estados y no tanto de imposición. Hay que intentar aprovechar este momento oscuro para hacer reformas en positivo que avancen en cultura de derechos humanos y en cultura de paz.

-¿Considera que Israel es un interlocutor válido o se está violando todo el marco jurídico internacional?

-Israel tiene un ejecutivo de ultraderecha que defiende la violación del derecho internacional. Lleva años ocupando ilegalmente el territorio palestino y violando las resoluciones de las Naciones Unidas. A través de esa política de impunidad y de hechos consumados ha seguido extendiendo su ocupación ilegal y sofisticando su sistema de apartheid que aplica a la población palestina. Recientemente, el Parlamento israelí votaba de forma abrumadora contra el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. En el gobierno no hay interlocutores que estén a favor de la paz. De hecho, públicamente están diciendo que la guerra tiene que continuar hasta acabar con Hamás. En la sociedad israelí también ha habido un avance hacia los extremismos en los últimos años. Hay una minoría en favor de la paz y en contra de la ocupación y, en muchos casos, sufre amenazas y acosos.

-¿No tiene la impresión de que la palabra antisemita se está usando muy a la ligera?

-Sí y es algo que están denunciando voces desde circuitos de derechos humanos internacionales. El antisemitismo es algo muy serio. El odio a la comunidad judía siempre ha existido. Por tanto, usar la acusación de antisemitismo para arremeter contra los defensores de los derechos humanos es algo que puede hacer mucho daño a la lucha contra el antisemitismo real. Hemos visto cómo, a lo largo de los años, el Gobierno israelí ha usado esa acusación para arremeter contra integrantes de Naciones Unidas que denunciaban la violación del derecho internacional por parte de Israel; contra el Tribunal Penal Internacional cuando emitió su investigación sobre la ocupación ilegal israelí en 2021 y cómo Netanyahu dijo que lo que estaba haciendo el Tribunal Penal Internacional era puro antisemitismo. Posteriormente, contra la Corte Internacional de Justicia cuando admitió a trámite la demanda por genocidio contra Israel por parte de Sudáfrica. Se usa la acusación de antisemitismo contra todas aquellas voces que critican a Israel por violar el derecho internacional.

“Se usa la acusación de antisemitismo a las voces que critican a Israel”

-¿Cómo valora la cobertura que se está haciendo del conflicto en Gaza?

-El hecho de que no haya podido entrar prensa internacional suponía un gran riesgo a la hora de conocer qué estaba ocurriendo en Gaza. Sin embargo, los periodistas locales han hecho un gran trabajo y han logrado hacer llegar a todo el mundo lo que ocurre a través de videos, fotografías e información rigurosa, pero están pagando un altísimo precio. Nunca había habido tantos asesinatos de periodistas en tan poco tiempo. Hay más de cien muertos en Gaza desde octubre hasta hoy. Es algo brutal y, en muchos casos, no solo han muerto ellos sino también sus familiares. Si esos periodistas muertos fueran occidentales el escándalo habría sido mucho mayor. Estamos viendo por primera vez y en tiempo real, desde cualquier rincón del mundo, esta masacre y no pasa nada. Buena parte de las barbaries ocurridas en las últimas décadas no las conocíamos en tiempo real, sino a posteriori y pensábamos que, por eso, no se podían haber evitado. Ahora esa excusa no existe. Lo estamos viendo en tiempo real y aun así no se está haciendo lo suficiente para pararlo.

-¿Considera que la guerra de Palestina puede condicionar las elecciones presidenciales de Estados Unidos?

-Hay un enorme riesgo de que las condicione. Lo están subrayando analistas de diferentes tendencias en Estados Unidos y así lo están mostrando las encuestas una y otra vez, sobre todo a partir de diciembre. Hay una mayoría de votantes del Partido Demócrata que llevan muchos meses siendo partidarios de un alto el fuego inmediato, algo que Estados Unidos ha vetado en las Naciones Unidas en tres ocasiones. La mayoría de los votantes jóvenes de 18 a 30 años del Partido Demócrata está en desacuerdo y decepcionados con las políticas de Biden con respecto a Israel, según todas las encuestas. Por tanto, existe un riesgo grande de que esto pueda condicionar el voto y hacer perder las elecciones a Biden. Hay grandes masas de población árabe, musulmana o racializada que tienen conciencia de la importancia de políticas antirracistas y se sienten decepcionadas. Habrían votado al Partido Demócrata, pero ahora están diciendo que no le votarían.

-En la práctica, ¿ha servido para algo el reconocimiento de España al Estado palestino o es, simplemente, un acto electoralista?

-Es un paso simbólico que llega tarde. Hace años que el Partido Socialista dijo que reconocería el Estado palestino. Lo dijo en el Congreso, pero finalmente no lo hizo. Hay que tener en cuenta que son 140 y pico países los que reconocen el Estado palestino, pero no ha pasado nada. En sí mismo no va a suponer un cambio. Es un posicionamiento simbólico, interesante, pero es insuficiente. Mientras no haya medidas de presión real nada va a cambiar.

“Hay un enorme riesgo de que Gaza condicione las elecciones de EEUU”

-La postura de Sánchez reconociendo ese Estado palestino choca con la decisión que ha tomado con el Sáhara apoyando la propuesta marroquí...

-Con respecto al Sáhara hay una serie de violaciones del mandato de Naciones Unidas y, sin embargo, no ocurre nada. El tema del Sáhara tiene una vinculación con el israelí porque la administración Trump impulsó los Acuerdos de Abraham a través de los cuales impulsó la firma de acuerdos de Israel con varios estados árabes dejando fuera de la ecuación, por completo, la cuestión palestina, como si los palestinos no existieran. Es una política de hechos consumados y de huida hacia adelante muy peligrosa. De ese modo, consiguió la normalización de relaciones entre varios países como Israel y Marruecos a cambio, también, de dejar fuera de la ecuación la cuestión saharaui. Marruecos pidió un precio y lo obtuvo por parte de Estados Unidos. Cuando llegó Biden había esperanza, en algunos sectores, de que retrocediera y lo deshiciera. No solo no lo deshizo, sino que además estaba impulsando un avance de esos acuerdos con la firma de los Acuerdos de Abraham entre Arabia Saudí e Israel.

-¿Qué tendrá que ocurrir para que llegue la paz a Palestina?

-A lo largo de las décadas se han redactado muchos acuerdos. Cualquiera de ellos es válido. El problema no es que no sepamos qué se necesita para la paz. La comunidad internacional lo sabe muy bien. El problema es que Israel no tiene voluntad de firmar esa paz. Si no hay presión por parte de la comunidad internacional, le va a seguir saliendo gratis esa perpetuación de un colonialismo que puede terminar con la expulsión de parte de la población palestina o con la perpetuación del aplastamiento de la población palestina a través del sistema de apartheid o con matanzas periódicas y con el mantenimiento de esta ausencia de derechos para la población palestina. Mientras no haya voluntad por parte de Israel no va a haber paz, salvo que se le presione.

“La cultura de derechos humanos está ausente en muchos medios de comunicación”

-En las últimas elecciones  europeas, hemos visto el avance de Alvise consiguiendo tres escaños en el Parlamento Europeo. ¿Cómo debemos tratar los medios de comunicación este fenómeno para no contribuir al auge de determinados personajes?

-En los últimos 15 años, importantes medios de comunicación han dado voz en prime time a discursos propios de la extrema derecha: discursos racistas, de odio y tergiversadores. También a una antipedagogía y a una anticultura de derechos humanos. Esto es un factor importante de por qué estamos aquí. Desde muchas instituciones también se opta por lo fácil, que es no hacer pedagogía. La política tiene que hacer pedagogía y también a través de la educación. Hoy en día, todos los programas educativos, desde la más tierna infancia, tendrían que estar atravesados por un eje vertebral construido en torno a una cultura de paz, de derechos humanos y al aprendizaje de saber informar. Estar bien informado es casi una militancia. Es muy difícil porque hay que comparar mucho, leer mucho y tener una serie de herramientas para saber distinguir los bulos. Esto hay que enseñarlo a la gente porque hay quienes no tienen esas herramientas. Necesitamos un ejercicio del periodismo con un sentido de la responsabilidad social y con una cultura de los derechos humanos, que demasiado a menudo está ausente e, incluso, teñida de discursos racistas y deshumanizadores, propios de esta época con una Europa de los muros cada vez más altos, creyéndose un jardín y lo demás una jungla, y en la que se han normalizado políticas que hablan de la población migrante de una manera deshumanizada.

-Hace unas semanas, la consejera regional  de Bienestar Social, Candelaria Delgado, usaba el término “guerra” para referirse a la situación que vive Canarias por la llegada de menores extranjeros que viajan sin adultos en las pateras. ¿Qué le parece que un cargo público utilice estos términos?

-Me parece extremadamente preocupante. Creo que desde la política hay que tener mucha responsabilidad. Este tipo de expresiones racistas y deshumanizadoras hacen mucho daño. Esa cultura de derechos humanos está ausente en muchos medios de comunicación y en sectores de la política que llevan años usando términos como invasión, oleada, amenaza o guerra para referirse a población migrante que, muchas veces, viene huyendo de las consecuencias de acciones de este mal llamado primer mundo: guerras a las que Estados Unidos y Europa proporciona armas; consecuencias por el saqueo de materias primas o por el cambio climático.

-¿Qué está fallando para que la gente se aleje, cada vez más, de los medios de comunicación tradicionales y recurran a las redes sociales para informarse?

-Algunos medios de comunicación han hecho muchas cosas mal como la desinformación, tergiversación y puede que tampoco sepan presentar determinados temas de una manera que pueda interesar al receptor. En temas internacionales, si solo contamos lo que pasa en un determinado lugar y cuando hay algo muy llamativo, la gente no va a entender nada. No hay un contexto. Si nos dan sólo 30 segundos para explicar qué ocurre en el país de al lado la gente no va a entender nada y se va a aburrir. El periodismo tiene la obligación de hacer entender al receptor que hay cuestiones que le incumben y le atraviesan. El ecosistema comunicativo se ha fragmentado. Hay tantos canales como gente metida en Youtube, Instagram o X (antiguo Twitter). Esta fragmentación facilita que haya quienes elijan espacios comunicativos más divertidos y a la vez más safios y tergiversadores. Es un ecosistema al que la humanidad tendrá que acostumbrarse y, para ello, tenemos que analizarlo bien y actuar en consecuencia.

“Si nos dan 30 segundos para explicar un país la gente no va a entender nada” 

-¿Y cómo se podría solucionar?

-Debe haber programas educativos impregnados por la cultura de los derechos humanos y una cultura que nos enseñe a informarnos bien. Hay cuestiones que son fundamentales, nos atraviesan y nos tienen que interesar. Si no se hace eso desde la más tierna infancia, por qué vamos a esperar que las sociedades actúen de otra manera.

-¿Qué le parece el plan ‘antibulos’ que ha anunciado Pedro Sánchez endureciendo el derecho al honor y la rectificación?

-Tenemos que ver cuál va a ser el contenido específico, los mecanismos y las herramientas. Existe una necesidad de explorar y de actuar en ese sentido, pero siempre teniendo muy en cuenta la importancia de no limitar la libertad de expresión y de información. Es una combinación difícil, pero existen pasos posibles a dar. Una propuesta que me parece muy interesante es el derecho de la ciudadanía a conocer quiénes son los propietarios de los medios de comunicación y qué intereses tienen. El hecho de que la ciudadanía no lo pueda conocer es bastante antidemocrático.