El magistrado Parramón ha señalado en la vista que es consciente del “enorme daño” que supone este retraso para la administración de justicia, para los acusados, para las defensas y para el propio tribunal, porque se trata de un señalamiento “especialmente costoso”
Nuevo retraso en el juicio de la pieza de Tunera del caso Montecarlo: se vuelve a suspender, hasta el año 2025
El magistrado Parramón ha señalado en la vista que es consciente del “enorme daño” que supone este retraso para la administración de justicia, para los acusados, para las defensas y para el propio tribunal, porque se trata de un señalamiento “especialmente costoso”
La vista oral de la última pieza del caso Montecarlo se ha aplazado de nuevo, en esta ocasión hasta el 6 de octubre de 2025. El presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón, ha decretado la suspensión, que habían solicitado también todas las partes, tanto las defensas como las acusaciones, por la incomparecencia del letrado de uno de los acusados, Lorenzo Lemaur, y la consiguiente indefensión que le generaría.
Lemaur había solicitado un abogado de oficio que le fue adjudicado el pasado 12 de diciembre. Según señaló Lemaur, en este tiempo no se ha podido poner en contacto con él letrado. El abogado, Francisco Gordo, presentó un escrito alegando que no podría asistir por problemas de salud, pero la Audiencia decidió no suspender la vista. El abogado no se ha presentado y por tanto la vista se ha aplazado.
Antes de esta situación, otos dos abogados habían renunciado a la defensa de Lemaur alegando diversos motivos. El juicio de Montecarlo es un sumario voluminoso que requiere de mucho tiempo de estudio y las sesiones se alargan durante tres semanas, en las que hay que desplazarse más de diez de ellas a Las Palmas de Gran Canaria.
Para un abogado del turno de oficio, supone tener que dejar de atender sus asuntos privados durante todo ese tiempo, y el pago por asistir al juicio rondaría los 400 o 500 euros, según las fuentes consultadas.
La Fiscalía ha solicitado que se abra un expediente disciplinario al abogado y el tribunal ha señalado que se le abrirá dicho expediente. Lemaur ha asegurado que no tiene medios económicos y que solicitará otra vez un nuevo abogado del turno de oficio.
Banquillo de los acusados, este lunes.
Parramón ha señalado en la vista que es consciente del “enorme daño” que supone este retraso para la administración de justicia, para los acusados, para las defensas y para el propio tribunal, porque se trata de un señalamiento “especialmente costoso”.
Ha fijado la vista oral entre el 6 y el 24 de octubre de 2025, dentro de 22 meses, advirtiendo de que es “absolutamente imposible” fijar una fecha anterior por el calendario de juicios que tiene la sección, que solo cuenta con cuatro magistrados. Pidió disculpas por el retraso y el daño que provoca el aplazamiento.
Se trata de un juicio complejo, con multitud de testificales y periciales. Esta es la quinta y última pieza del caso Montecarlo, relacionada con la empresa Tunera, vinculada al empresario Eduardo Ferrer, de Tecnosound.
Además del propietario de la empresa, también están acusados otras siete personas, entre exconcejales y trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife. En la causa se investigó si se pagó por servicios no realizados, duplicados o con facturas infladas, además de las irregularidades en la contratación o justificación de esos servicios.
La Fiscalía señaló como conclusión que “el importe arbitraria y fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife” a la empresa asciende, “sólo entre los años 2009 y 2012, a la cantidad mínima” de 3,2 millones de euros, de los cuales “al menos” 121.000 euros obedecen según el Ministerio Fiscal “a pagos por servicios no prestados”.
De esta manera, la Fiscalía solicita seis años de prisión para el exinterventor Carlos Sáenz, lo mismo que para el dueño de la empresa, y cuatro años y medio para los exconcejales Eduardo Lasso y Lorenzo Lemaur, igual que para los trabajadores Miguel Ángel Leal y José Nieves. También están acusados los trabajadores Blas Antonio Cedrés y Francisco Hernández Betancort.
El exalcalde José Montelongo, en la actualidad responsable de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, con rango de director general del Gobierno de Canarias, también se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de prisión, por pagos cuando era concejal de Hacienda. A los exconcejales Víctor Sanginés e Isabel Martinón se le pide otros tres años de cárcel.
Comentarios
1 Yo mismo Lun, 22/01/2024 - 12:46
2 Pep Lun, 22/01/2024 - 13:13
3 Oficio o benificio Lun, 22/01/2024 - 14:07
4 Yo pago a sus a... Lun, 22/01/2024 - 23:34
5 TODOS PAGAMOS Mar, 23/01/2024 - 12:53
6 TRIBUTO IMPUESTOS Mar, 23/01/2024 - 19:32
7 Perjudicado Mié, 24/01/2024 - 01:50
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