El Cabildo de Lanzarote tiene previsto aprobar en pleno un convenio de pago con Club Lanzarote, la sociedad propietaria del plan parcial Montaña Roja, en Playa Blanca. Según ese convenio deberá abonar dos millones de euros antes de septiembre de 2015, de los cuales 887.000 los deberá pagar antes del próximo 31 de diciembre, para lo cual tendrá que hacer una modificación de crédito.

El Cabildo debía pagar casi 1,7 millones pero por no haber afrontado el pago en su momento ahora deberá abonar 300.000 euros más de intereses, devengados entre octubre de 2008, cuando la sentencia se hizo firme, y febrero de 2013, cuando se llegó a un principio de acuerdo con la sociedad, después de que ésta reclamara judicialmente el dinero e impugnara el presupuesto de la Corporación.

Los dos millones que debe el Cabildo a Club Lanzarote proceden de la desclasificación de 31.000 camas turísticas que eliminó el Plan Insular de Ordenación (PIO) de 1991 en el plan parcial Montaña Roja. La sociedad recurrió el PIO en los tribunales y el Tribunal Supremo le acabó dando la razón, ya que no había previsto ficha financiera para indemnizar por esa desclasificación. La promotora pedía una indemnización de más de 200 millones de euros pero el Cabildo encargó un peritaje y logró que la Sala rebajara en 2008 la indemnización a 6,7 millones, a pagar a medias entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo.

Tras esa sentencia, ni el Cabildo ni el Gobierno pagaron, así que en junio de 2011 las tres partes llegan a un acuerdo de pago, por el que la mitad del dinero se debía abonar en metálico y la otra mitad concediendo más edificabilidad por el valor restante en terrenos de propiedad de Club Lanzarote mediante la firma de un convenio urbanístico que se incorporará dentro del Plan General de Yaiza.

Tanto ese como otros convenios están actualmente en proceso de negociación y son una de las razones principales de que aún no se haya aprobado dicho Plan. Si en un plazo de seis meses desde la firma del acuerdo de pago no se cierra el convenio de Montaña Roja, o no se puede materializar posteriormente la edificabilidad que se le otorgue, la propiedad podrá reclamar el pago en metálico del reto de la deuda.

El Cabildo desclasificó miles de camas de la urbanización

Pero de nuevo ese convenio se volvió a incumplir por parte del Cabildo, que no pagó su parte, así que la sociedad promotora interpuso un recurso en los tribunales para reclamar la deuda y se acabó por proponer un nuevo convenio. Esta misma semana la comisión de hacienda del Cabildo de Lanzarote ha aprobado un dictamen con los términos del convenio con el voto favorable del grupo de gobierno (CC y PSOE) y la abstención de PP y PIL.

San Ginés justifica el impago

En el punto cuarto del borrador del convenio, que firmará el presidente del Cabildo, se dice que no ha podido hacer frente al pago como consecuencia de “la difícil situación económica que atraviesa la Corporación”. Deberá pagar 887.000 antes de fin de año, 550.000 antes del septiembre de 2014 y otros 550.000 antes de septiembre de 2015.

La interventora del Cabildo señala en un informe que a pesar de que la sentencia, de 2008, era ejecutiva, no se había trasladado el expediente a Intervención hasta este mismo mes.

Por otra parte, el Cabildo alega que pasa una mala situación económica y este mismo año se ha comprometido a adquirir una casa en la calle Fajardo por 1,6 millones, la misma cantidad que debía pagar a Club Lanzarote, que ha sido muy criticada por la oposición por considerar el gasto innecesario.

Joaquín Cañada y Montaña Rayada

El administrador de Club Lanzarote y  promotor del plan parcial Montaña Roja es Joaquín Cañada, gestor también del Hotel Natura Palace, con licencia anulada por los tribunales. Cañada fue nombrado por José Francisco Reyes como uno de los empresarios que le había pagado dinero por agilizar licencias. Reyes se retractó y la Fiscalía acabó pidiendo que se desistiera de la imputación de Cañada, que llegó a declarar en el Juzgado. Cañada tiene experiencia en indemnizaciones.

Club Lanzarote poseía Montaña Rayada, en Fuerteventura, por cuya desclasificación el Gobierno de Canarias pagó 33 millones de indemnización, cuando le costó poco más de 50.000 euros a  finales de los años setenta como suelo rústico.