La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de las Palmas ha emitido un auto por el que acepta parcialmente el recurso del abogado Ignacio Calatayud y traslada el caso en el que están investigados el abogado y el expresidente del Cabildo Pedro San Ginés, por el pago de facturas de la empresa pública Inalsa y el Consorcio del Agua, al Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife, cuyo titular es Ricardo Fiestras.

El magistrado Carlos Vielba decide que las diligencias que llevaba hasta ahora el Juzgado número dos de Arrecife se acumulen en las diligencias previas 579/16, que habían comenzado a investigar hace siete años hechos similares.

Con esta decisión, tendrá que ser este Juzgado quien termine la instrucción. La propia Audiencia ha desestimado el archivo de la causa y reconoce en autos anteriores que hay indicios sólidos de delito.

Las investigación se basa en los supuestos pagos irregulares efectuados por el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, a su amigo Ignacio Calatayud, que pudo llegar a percibir hasta dos millones de euros del Cabildo o sus entes consorciados.

Entre esos pagos estarían las costas judiciales derivadas del proceso concursal de Inalsa, que habría cobrado sin conocimiento de la empresa pública ni de Consorcio del Agua.

Tanto Calatayud como Pedro San Ginés habían recusado al magistrado Jerónimo Alonso para que dejara estas diligencias.

San Ginés había realizado, además, declaraciones públicas, cuestionando las decisiones del magistrado y poniendo en duda su imparcialidad. Considera la Sección Sexta que los contratos que investigaba el juez Alonso ya venían siendo investigados en el otro Juzgado, aunque se basen en indicios nuevos.

Las diligencias a las que ahora se acumula esta investigación derivaron precisamente de una pieza separada abierta por el propio Jerónimo Alonso para que investigara la contratación de Calatayud por el Consejo Insular de Aguas, que envió a reparto y le correspondió al Juzgado número cuatro.

La investigación después se amplió a todos los contratos de este abogado con el Cabildo y sus organismos autónomos.

El juez Fiestras no avanzó mucho en su investigación. La Audiencia le pidió en 2021 que incoara procedimiento abreviado, el paso previo para que se pueda celebrar el juicio oral, pero en lugar de eso, el magistrado decidió archivar la causa de forma provisional. La Audiencia señala ahora que lo que le pedía en su auto “no constituía una recomendación”. Como se decretó un sobreseimiento provisional, la causa se puede volver a abrir al aparecer hechos novedosos

Sin “actuación arbitraria”

Por otra parte, la Audiencia respalda la instrucción del juez Jerónimo Alonso. No admite el archivo solicitado por Calatayud y señala  que “no ha existido una actuación arbitraria” por parte del este magistrado. Además considera que hay indicios suficientes.

“El objeto principal de la investigación es la percepción por parte del apelante de las costas devengadas en los procedimientos antes citados, en base a un acuerdo alcanzado con los administradores concursales y el presidente del Cabildo”, señala.

“Lo cierto es que en las actuaciones y más allá del escrito de 9 de mayo de 2021 firmado por el coinvestigado, no existe constancia escrita del tal acuerdo, esta sola ausencia ya impide el sobreseimiento interesado”, concluye el auto.