El Cabildo de Lanzarote acaba de aprobar por unanimidad en pleno que la institución insular se dirija al Instituto Social de la Marina para que le trasmita la titularidad de setenta casas de Valterra para que la corporación insular, a su vez, se las traspase a sus propietarios. Para estos 70 vecinos comienza a vislumbrarse el final de un camino que debía haber terminado hace más de treinta años. Si el proceso se cierra con éxito, recibirán por fin las escrituras de las viviendas en las que muchos de ellos nacieron, las que conformaron, junto con Titerroy, la primera barriada de la capital de la Isla.

De las 200 viviendas que componen lo que se llamó inicialmente como barriada Marqués de Valterra, que fue perdiendo el título por el camino, quedaban aún setenta por entregar a sus propietarios, marineros primero y trabajadores de las conserveras después. Las promovió el Instituto Social de la Marina en terrenos donados por el Ayuntamiento de Arrecife. Comenzó su construcción en los años cincuenta y los primeros bloques se entregaron en 1960.

Las financiaron tres empresas conserveras con el compromiso de que pasaran a los inquilinos después de un tiempo y unas condiciones de pago determinadas. Pero después, dos de esas conserveras, Garavilla y Rocar, pleitearon para quedarse con las viviendas, mientras que la tercera, Ojeda, no lo hizo.

El pasado 15 de junio se aprobó de manera definitiva, con la publicación en el BOE, la nueva Ley de Vivienda. Su disposición adicional segunda está dedicada a estas casas. Se trata de la autorización al Instituto de la Marina para que done al Cabildo las casas y que este, a su vez, en el plazo de un año, las entregue a los legítimos propietarios. El Ayuntamiento de Arrecife firmó un convenio en 2019 para hacer este mismo trabajo, pero la actual alcaldesa, Astrid Pérez, se desmarcó del problema.

El Cabildo tiene un año de plazo para entregar las escrituras a los vecinos, pero ya han pasado cuatro meses. Debe equipar una oficina o habilitar funcionariado para esta labor. Los vecinos, por su parte, deben poder demostrar que son los propietarios o herederos de quienes accedieron a esas viviendas de protección oficial.

De las setenta casas, cuarenta se encuentran en la calle Clavijo y Fajardo, diez en Benito Pérez Armas y otras veinte en la calle Adolfo Topham Martinón. Algunas tienen 53 metros cuadrados, otras 62 y otras más de setenta.

La propiedad es un punto de partida, pero sigue habiendo un problema de fondo. Las casas tienen más de sesenta años y arrastran deficiencias. “Cuando dejé la pared a canto pelado, había lapas y burgaos, porque se hicieron con agua salada”, dice Zeneida, una de las vecinas. Esto obliga a llevar a cabo un mantenimiento continuo y a pintar una o dos veces al año. “El salitre sale un metro para arriba por toda la casa”, dice otra de las vecinas.

Además, hay algunas casas abandonadas o inhabitadas y se deterioran rápido. Algunas están apuntaladas y su estado afecta a las colindantes. Las viviendas no tienen cimentación y están unidas por el techo. Algunos residentes han aumentado la superficie construyendo una habitación en la azotea, cuando los edificios no están preparados para ese peso. Los vecinos de abajo han tenido que reforzar las casas con vigas de hierro.

Por otro lado, hay gente, como ésta que ha hecho reformas, que considera que la casa está en buen estado y que no se quiere ir. En cualquier caso, para que estén en buenas condiciones “hay que invertir dinero en ellas”, señala Inocencia Saavedra, vecina y vicepresidenta de la asociación que se creó para reclamar las escrituras de las casas.

Hace más de diez años se inició el Área de Renovación Urbana (ARU). El desplome de una vivienda en Titerroy dio la voz de alarma sobre el estado de las casas, y eso se trasladó a Valterra, ya que los inmuebles son de la misma época y el estado de algunos llamaba a la acción. Se aprobó esa calificación de ARU para una parte del barrio y se consiguió una partida económica, de más de un millón de euros, que se ha ido prorrogando, pero que finalmente se ha devuelto sin haberse usado.

Incluso el Ayuntamiento llegó a contratar en el año 2015 a un equipo de gestión externo, formado por un arquitecto, un aparejador, un ingeniero, un abogado, un trabajador social y un administrativo, para que gestionaran la rehabilitación.

El caso es que aprobaron los ARU, se peleó por las prórrogas pero se olvidó hacer una cosa esencial. “No hablaron con los vecinos”, dice Antonio Betancort, expresidente de la asociación. “Nunca se consultó con los vecinos -insiste-, ya se les dijo muchas veces que hay que hacer las cosas bien, y lo primero es reunir a los vecinos, antes de nada”.

Antonio considera que, hasta ahora, hasta que no estén las escrituras en manos de los vecinos, cualquier intento de rehabilitación era imposible. “Ahora con la documentación habrá que ver”, matiza.

Soluciones

Y ahora, ¿cuál sería la solución? “Rehabilitarlas es cuestión de cada uno”, dice Inocencia. “Sustituirlas, no sé”, añade. Los vecinos explican que hay mucha gente mayor que no tiene medios y no las ha arreglado pero que la mayoría sí ha ido reformando su casa. “El problema es que los techos están fundidos y si se cae una se cae otra”, apuntan.

Y hay otro problema asociado: aparece una vecina, María, que tiene apuntalada la entrada de su casa porque los cuatro vecinos de ese portal no se han puesto de acuerdo y no se arregla. Dice que lleva ya diez años con los puntales. Emilia es otra vecina de estas casas. Dice, respecto a la rehabilitación: “Siempre lo vemos cerca y siempre está lejos”. Toda su familia trabajó en las fábricas de pescado. Asegura que aún guarda el papel de la primera entrada que pagaron, además de todos los recibos. “Cuando lo vea en la mano, lo creo” resume.

Emilia cree que unos vecinos estarían a favor de una solución conjunta, de tirar las casas para hacerlas de nuevo, pero otros no. “Creo que la mayoría sí, y hay que hacer caso a la mayoría”. Además, señala que si no se arreglan las cosas, en parte es porque la gente no se pone de acuerdo y dice que su hija arregló toda la casa pero que no le importaría que la tiren y hagan una nueva. Sin embargo, hay otros vecinos que han invertido en la casa y consideran que está en buenas condiciones y no se quieren marchar.

Por otro lado, estas vecinas apuestan por arreglarlas, pero en el mismo lugar. Inocencia dice que los vecinos tienen que poner de su parte y Zeneida cree que el proyecto habría que mirarlo “con una lupa muy grande” porque los bocetos que se llegaron a enseñar a los vecinos “no valían”, no eran como las casas originales.

El ARU proponía construir un edificio en un solar cercano, trasladar un bloque de veinte, construir de nuevo en el solar que dejaría ese bloque, y así sucesivamente. Tiene dudas sobre si se fiarían de tener que trasladarse a otro lugar mientras se construyen las casas, teniendo en cuenta lo que ha pasado con los desalojados de Titerroy. Y también tienen dudas sobre el proyecto: “El que presentaron, no”, dicen, porque no correspondía a la tipología de las casas.

Los vecinos preguntados para este reportaje estarían de acuerdo en que se volvieran a construir las viviendas tal y como eran originalmente, con las habitaciones más grandes que las que se construyen ahora. Antonio Betancort señala que habrá que convencer a los vecinos, pero que “si se ha hecho en Las Palmas, ¿por qué no se va a poder hacer aquí?”.

Otros problemas

Antonio recuerda cómo, antes, los vecinos arreglaban las casas por las Fiestas del Carmen. Incluso llegó a haber un inspector del Instituto Social de la Marina que premiaba a la casa mejor cuidada. Las viviendas han envejecido pero el entorno también. Antonio dice que lleva pidiendo casi veinte años que pongan sombra en los banquitos del parque, que planten árboles. “Cada legislatura lo pido, pero nada”.

También reclama que arreglen el parquito junto al centro de salud y que se ponga algo más de vigilancia por la noche. “Y que no quiten el parque”, añade, porque los vecinos creen que si no arreglan el parque es porque sigue viva la idea de hacer una carretera en medio para unir la marina con el nuevo centro comercial y los supermercados de la zona. Zeneida asegura que hace años ella “vio los planos” de esa carretera y que no está segura de que se haya desechado esa idea: “No quieren poner árboles ni arreglar nada porque quieren convertir esto en carretera para darle paso al centro comercial”, dice.

Otro problema que no se soluciona es el saneamiento. Inocencia aún se acuerda de cuando “salían las sardinas por las alcantarillas”. La situación ya no es así pero ahora sale el agua sucia o se filtra al subsuelo porque las tuberías están rotas. Dicen que están “inservibles” tanto las tuberías de las casas como las de la calle. Señalan que la calle Clavijo y Fajardo siempre está tupida. “Llamamos hasta tres veces al mes porque el saneamiento es un desastre”, aseguran. También echan de menos otras infraestructuras públicas, por ejemplo deportivas, que sí tienen el resto de los barrios.