Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este lunes por la mañana la vivienda del expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, actual consejero en la Corporación insular de Coalición Canaria.

El registro de la UCO se efectuó desde primera hora de la mañana de este lunes en la residencia de San Ginés en Arrecife.

Con posterioridad, las fuentes indicaron que se han desplazado a las dependencias del Cabildo de Lanzarote.

San Ginés salió de la sede de la institución insular sobre las 13.00 horas del lunes.

En este caso, los agentes investigan posibles delitos contra la Administración (malversación y prevaricación entre otros, según EFE), en una causa que ha sido declarada secreta y que está desarrollando el Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife.

Según ha podido saber Diario de Lanzarote, la causa estaría supuestamente relacionada con San Ginés, su abogado de confianza, Ignacio Calatayud, y el suegro de éste, el letrado Felipe Fernández Camero, así como con el Consorcio del Agua.

Es conocido que San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote entre 2009 y 2019, tiene su residencia en un inmueble propiedad de la familia Fernández en una urbanización próxima al Castillo de San José, en donde este lunes se pudo ver un despliegue de la Guardia Civil.

Este lunes también se han llevado a cabo diligencias de investigación en inmuebles y despachos de la familia Fernández, añadieron las fuentes.

La investigación está relacionada con San Ginés, Calatayud, Fernández Camero y el Consorcio del Agua

La relación entre San Ginés y Calatayud ha tenido momentos polémicos: el expresidente del Cabildo está previsto que se siente en el banquillo de los acusados este mes de mayo, acusado de prevaricación, por la incautación sin orden judicial de una planta desaladora privada, con el informe, inicialmente verbal, de Calatayud.

Además, el año pasado fue acusado por la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, de haber “urdido una trama” para que el abogado Ignacio Calatayud se embolsara un millón de euros a través de pagos relacionados con el concurso de acreedores de Inalsa. Este asunto terminó denunciado en la Fiscalía Anticorrupción, inicialmente por Podemos.

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