El año 2006 sigue siendo el que llegaron más personas a las costas canarias en pateras y cayucos. Fueron más de 31.000. Entonces se pusieron en marcha unas infraestructuras que, 15 años después, ya no están o son insuficientes para la llegada de 10.000 personas menos. Aun así, es la mayor llegada desde entonces.

En el recién terminado 2021, la cifra superó las 20.000 personas. La ruta canaria ha vuelto después de unos años en que la migración salió por otras vías hacia Europa. La imprevisión ha sido la tónica general, a pesar de que había indicios desde hace años de que iba a ocurrir lo que ha ocurrido.

En el mes de julio, en el cierre del campus de verano 2021 de la Fundación Canarias Siglo XXI, dos periodistas hablaron sobre esto en el Convento de Santo Domingo. “Lo que sucede en Canarias es difícil gestionarlo peor, ha sido una vergüenza”, dijo el corresponsal de El País en Dakar, Pepe Naranjo. “No ha existido una política de gestión de flujos migratorios, solo represión y vigilancia, no ha habido un intento de gestionar esto de forma racional, cuando es un movimiento imparable”.

Sonia Moreno, corresponsal de la SER en Rabat, dijo que se veía venir desde 2018, por los movimientos internos en Marruecos: “Como la mafia va donde hay negocio, se va instalando en la costa más cercana a Canarias, cuando se cierra una ruta, se abre otra”.

En una visita del ministro Marlaska a Marruecos le preguntó por esa reactivación de la ruta atlántica y el ministro respondió que era una exageración. En el mes de octubre, el ministro de Interior dijo que la migración en Canarias estaba bajo control y en julio, en una vista a las Islas, comentó que las fuerzas y cuerpos de seguridad estaban haciendo un extraordinario trabajo y que se había dado respuesta a la crisis migratoria gracias a la inversión en “infraestructuras sólidas” incluida en el Plan Canarias.

A pesar del triunfalismo del ministro, los problemas se han seguido repitiendo a lo largo del año. Una de las diferencias respecto a otros años es que en este, en proporción, las salidas desde el sur del Sáhara en cayucos han sido menos, y eso hace que las embarcaciones lleguen a las islas más cercanas al continente, como Lanzarote y Fuerteventura, donde han llegado casi la mitad de todas las personas que lo hicieron por esa vía a Canarias.

En comparación con 2006, de esas 31.000 personas, aquel año no fueron ni 1.000 las que pusieron pie a tierra en Lanzarote, y unas 2.200 a Fuerteventura. En 2021, más del 21 por ciento de la ruta canaria ha llegado a Lanzarote, y algo más a Fuerteventura.

Otra característica novedosa es que llegan más personas subsaharianas que antes, que salen desde ciudades donde antes solían salir solo magrebíes. Además, durante este año Lanzarote ha ido a contracorriente. Cuando el pico estuvo en Gran Canaria o Fuerteventura, no lo estuvo en Lanzarote, donde se concentraron las llegadas en septiembre, con varios días seguidos con una media de más de 50 personas.

Han sido 105 pateras las que han llegado a Fuerteventura y 137 en Lanzarote: 38 en septiembre, 23 en octubre, 21 en noviembre y solo dos en diciembre, aunque en los primeros días de 2022 ya ha habido más movimiento. Y han sido casi 1.250 menores en las dos islas orientales, al menos hasta diciembre: 668 en Fuerteventura y 584 en Lanzarote.

Como comparación, en 2020 a Lanzarote tan solo llegaron 891 personas, y hubo graves problemas de acogida; en 2019 fueron 397; en 2018, 741, y entre 2014 y 2017, solo 138 en esos cuatro años.

El comienzo del año va en la misma línea. En solo dos días llegaron cuatro pateras con casi 200 personas a bordo. En datos absolutos, a Lanzarote llegaron 4.753 personas este año y a Fuerteventura más de 5.000. El 10 por ciento, aproximadamente, eran mujeres.

La mayoría de estas personas ya no están en estas dos islas, y ni siquiera en Canarias, intentan seguir su camino. Por otro lado, la cercanía de las islas orientales a África lleva a plantear que estas islas tengan una red de acogida más sólida, además de infraestructuras adecuadas y específicas, que no hurten un espacio a la ciudadanía que se utilice para otra función, con los problemas que eso acaba generando.

Las cifras son solo cifras, pero detrás de cada una hay una persona y varias historias. Como la del hermano de Brahim, del que no se sabe nada. Brahim llegó hace 14 años a Fuerteventura y su hermano, que quiso seguir sus pasos, ha desaparecido en la ruta, como tantos otros. O la de Mohammed que llegó a Gran Canaria y quería volver a casa a toda costa y no podía. O Ali Hardane, cuyo cuerpo apareció en febrero en el Charco de San Ginés. Había llegado cinco meses antes y era licenciado en Filología Inglesa. No se ha aclarado su muerte.

O Saad Kataloni, que vio ahogarse a sus compañeros el mes pasado nada más salir de Dahkla, al partirse la barca en dos. Pudo ser rescatado. O el caso de Mohammed Abourida, solicitante de asilo porque es ateo. Se fue a la Península y allí sigue. O Youseff, de Safi, como Mohammed, que vio morir a 12 de sus compañeros en la travesía. Durmió en Arrecife en la calle, le robaron, lo acogió un familiar de su ciudad, intentó jugar al fútbol y decidió volver. Son muchos los que han vuelto.

Nuevo centro de acogida en Lanzarote. Foto: Adriel Perdomo.

Las polémicas

De forma paralela a las llegadas se han sucedido las polémicas, principalmente por las infraestructuras de acogida, como la nave de la carretera de San Bartolomé, las carpas instaladas en Arrecife para hacer la filiación o incluso la instalación del Sistema de vigilancia exterior (SIVE) en el Mirador de Guinate, que aún no se ha resuelto.

La improvisación y falta de respuesta del Ministerio ha hecho que la acogida y la respuesta ciudadana se tense, y más teniendo en cuenta que si se suma al cóctel la mala situación económica. De todas formas, no ha habido episodios muy preocupantes.

En 2020 hubo polémica con la acogida de migrantes en hoteles, con la utilización de la Ciudad Deportiva o con jóvenes que vivían en casas ocupadas o en la calle. El Cabildo de Lanzarote ha tenido que ir multiplicando su respuesta en momentos puntuales, en cuanto a las infraestructuras.

La nave de la salida de Arrecife a San Bartolomé no reúne las condiciones adecuadas. Los propios sindicatos policiales denunciaron esas condiciones. El Defensor del Pueblo ya había pedido su cierre porque no reúne los requisitos mínimos. Se cerró tras su informe, que alertaba de la precariedad de sus instalaciones y su mal estado de conservación, y que los migrantes no recibían asistencia social ni jurídica ni psicológica, “lo que impide la detección y derivación a recursos adecuados de los perfiles vulnerables”.

En la última semana de 2021, el Ministerio abrió un nuevo centro de acogida

No había agua corriente ni duchas ni lavabos. No salían al exterior, apenas había ventilación, faltaban colchones para todos y algunos dormían en esterillas sobre el piso. No había ni sillas ni mesas: comían en el suelo. Solo había cinco baños químicos para todos, a veces para más de 200 personas. No se podía garantizar el aislamiento entre positivos de Covid y personas no contagiadas. No había servicio de limpieza.

Esa nave fue utilizada después por Cruz Roja como centro de acogida. Se tuvo que volver a abrir porque no había otros recursos disponibles y las pateras seguían llegando. Un vídeo de tan solo unos segundos hizo saltar las alarmas. En él se veía a personas hacinadas, tumbadas en el suelo, en condiciones de poca salubridad. Los migrantes, en teoría, solo podían permanecer allí 72 horas porque estaba destinada a hacer la filiación para que después fueran trasladados a otros centros, pero algunos permanecían más de una semana. Se la llamó la nave de la vergüenza.

En la última semana de 2021, el Ministerio abrió un nuevo centro de acogida, enfrente de esa nave. Los migrantes no tendrán que ser trasladados a otras islas, a Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura, como hasta ahora. Lo gestiona Accem, la misma ong que ya gestiona el centro de Las Raíces, en Tenerife.

Las carpas

Otra de las polémicas del año relacionada con este fenómeno ha tenido que ver con la instalación de unas carpas junto a la Comisaría de Arrecife para hacer la función que hace la nave, para que los migrantes pasaran allí las 72 primeras horas antes de ser derivados a otros centros. En este caso los sindicatos policiales se dividieron. Unos consideran que es una solución más adecuada que la nave y otros insisten en que no es el lugar idóneo. La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, recurrió la decisión del Ministerio y no dio la licencia para esa instalación, así que las carpas nunca se han utilizado hasta ahora.

Y la última polémica tiene que ver con el SIVE. La mayor zona de sombra que hay en la Isla para detectar embarcaciones mediante este sistema está en el norte. Es el punto donde se han producido varias de las peores tragedias en los últimos años, ya que las pateras llegaron sin ser detectadas y, por tanto, sin poder ser auxiliadas. El equipo del radar ha estado seis años guardado, a la espera de que Haría diera licencia para su instalación. Se sopesó instalarlo junto al Mirador del Río, pero el Ayuntamiento consideraba que no se podía instalar allí. Sin embargo, no se buscó una alternativa.

El Gobierno central decidió asumir las competencias por interés general y colocarlo en el Mirador de Guinate. Las protestas ciudadanas han hecho que, de momento, se retrase la instalación y se colocará unos metros más atrás, en un suelo cedido por el Ayuntamiento tras alcanzar un acuerdo con un particular.