Propietarios de las casas de la calle Chabusquillo en La Bufona (Arrecife), que tienen una orden de derribo parcial de su vivienda emitida por la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), están utilizando en los tribunales de lo contencioso administrativo un informe del Cabildo de Lanzarote para intentar evitar la demolición.

Seis de los catorce propietarios han aportado este informe en los procedimientos contra esa orden de derribo en los que defienden la legalidad urbanística de sus viviendas en base a ese certificado urbanístico de la Oficina del Plan Insular que señala que las viviendas no se encuentran en suelo rústico de protección, valor natural ecológico-El Jable, según el PIO.

Sin embargo, posteriormente, la misma Oficina dice lo contrario, concluyendo que el Plan Insular remite la clasificación, categorización y ordenación de ese suelo al Plan General de Arrecife “porque la emisión de un certificado urbanístico, en razón de lo expuesto, al ser materia y competencia del citado Plan General, corresponde efectuarlo al Ayuntamiento de Arrecife”. En agosto de 2013 le propio Cabildo calificaba esas casas, al igual que el Gobierno de Canarias, como ilegalizables.

La familia Murillo, propietaria de los terrenos rústicos ocupados por las casas, solicitó al Cabildo que se abriera expediente al técnico que realizó esa certificación, firmada a su vez por el presidente del Cabildo, y el Consejo de Gobierno acordó en enero no llevar a cabo ninguna sanción. Murillo tuvo que recurrir al Diputado del Común para que el Cabildo le comunicara la semana pasada dicha resolución.