El estudio ambiental de las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura “no valora el alto grado de sensibilidad a la contaminación de hidrocarburos que tiene nuestro sistema de abastecimiento de agua potable”. Así se destaca en las alegaciones planteadas por el Cabildo de la isla vecina y que van a ser distribuidas a través de movimientos sociales para que los ciudadanos las respalden con su firma. Otras alegaciones, con estudios científicos, se presentarán la próxima semana.

En el documento se insiste en que, por “la singular dependencia de la desalinización de agua marina” de las dos islas orientales, la contaminación que se produciría en caso de vertido “tendría efectos catastróficos sobre el aprovisionamiento de agua potable en las Islas”.

También considera que el estudio de impacto ambiental presentado por Repsol “excluye indebidamente” la “posibilidad” de que ocurra un accidente como el ocurrido en el Golfo de Méjico en 2010, en el que se vertieron 779.000 toneladas de crudo. Un vertido de consideración, aseguran, “llegaría a todas y cada una de las Islas y arruinaría nuestra forma de vida y los ecosistemas de los que dependemos”.

Asimismo, se exige al Gobierno central, que a través del Ministerio de Industria encabezado por José Manuel Soria ha impulsado los sondeos petrolíferos, que sea “objetivo en la tramitación administrativa”, puesto que será el Ministerio de Medio Ambiente el que tenga que decidir sobre la evaluación de impacto.

El presidente majorero, Mario Cabrera, ha exigido a la petrolera que diga “cuánto ganó” por la venta de la mitad de su “negocio” en Canarias “a la alemana RWA y la australiana Woodside”, “cuánto dinero pagó en impuestos” y “dónde” los pagó, y “a cuánto se está vendiendo cada participación de RWE en Canarias desde sus oficinas en Alemania”.