Un informe que encargó el Gobierno de Canarias en el año 2005 para sopesar si se permitía la entrada de la cadena Lidl en su modalidad de descuento duro en Arrecife aseguraba que iba a destruir empleo. La modalidad de descuento duro no se permitió pero sí la entrada de Lidl como hipermercado. El informe no se había dado a conocer hasta ahora. 

El estudio se encargó a la consultora “Laesedeuve” en septiembre de 2005 y se entregó en junio de 2006. Valoraba los efectos que tendría sobre la economía, el empleo, el IPC y el bienestar social la implantación del “descuento duro”, una modalidad comercial con fuertes ofertas.

El informe se entregó recientemente a la parlamentaria del PP Astrid Pérez, que había solicitado al Gobierno la documentación sobre las trabas a la entrada de Lidl en la Isla bajo la modalidad de “descuento duro”, después de que el Tribunal Supremo ratificase la ilegalidad cometida por el Ejecutivo al denegar la licencia a esta fórmula comercial.

La conclusión del informe fue que esa entrada generaría un impacto general desfavorable como descuento duro. De hecho se afirmaba que Lidl sólo iba a crear 17 empleos pero iba a provocar la pérdida de 91 puestos de trabajo.

Un estudio, rechazado por la Justicia, apuntaba a una reducción del PIB de la Isla en 1,4 millones

Además, se consideraba que facilitaría  la desaparición de doce establecimientos de pequeño comercio dedicados al mismo sector. Se preveía, igualmente, una reducción del Producto Interior Bruto de la Isla de 1,4 millones.

Así pues, según el estudio el descuento duro crearía cuatro veces menos puestos de trabajo de los que iba a generar. Decía el informe que el efecto sería negativo incluso descontando el efecto sobre la renta positivo que se genera sobre los consumidores por el abaratamiento de la cesta de la compra.