La Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias defiende la participación de su viceconsejera de Servicios Jurídicos, Isabel Cubas, en el estrado de la vista oral del caso Stratvs acompañando a la letrada de los servicios jurídicos, Ana Quintana, que ejerce la defensa de Faustino García Márquez, Armando Villavicencio y Juan César Muñoz Sosa.

Desde la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias han respondido a las preguntas planteadas por este periódico sobre esta participación en la primera sesión del juicio, desvelada por ElDiariodeCanarias.com y Diario de Lanzarote.

El Gobierno afirma que la asistencia a juicios está entre las funciones de la viceconsejera: "Entre las funciones del titular de la Viceconsejería se incluye asumir la representación y defensa en juicio y en el ejercicio de esa función asistió a la primera sesión de juicio oral celebrada en Lanzarote en apoyo y colaboración de la letrada directora del proceso, dada la complejidad del asunto y su experiencia de treinta años de ejercicio profesional".

La viceconsejera, sin embargo, no intervino durante la sesión, aunque se puso la toga y se sentó junto a la letrada de la comunidad autónoma. En su respuesta a este periódico, el Gobierno señala que según el "el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, corresponde al mismo las funciones de asistencia jurídica, asesoramiento y representación y defensa en juicio de la Administración de la comunidad de Canarias en los términos previstos en el mencionado reglamento".

Según el citado reglamento, continúa, “las autoridades, funcionarios y demás personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma, como de sus organismos podrán ser defendidos por letrado del Servicio Jurídico, si por la persona titular de la Dirección General a propuesta razonada de la persona titular de la Secretaría General Técnica del Departamento u órgano asimilado del organismo o entidad pública del que dependa el interesado, lo autoriza mediante resolución motivada, teniendo en cuenta la concurrencia de los extremos reseñados y la inexistencia de conflicto de intereses entre el interesado y la Administración Autonómica en el asunto para el que se solicita el desempeño de la defensa" .

La directora general del Servicio Jurídico autorizó la asistencia a Armando Villavicencio Delgado, Juan César Muñoz Sosa y Faustino García Márquez en junio de 2013 y abril de 2015. Añade el Gobierno que “la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos ejercerá sus funciones a través de su titular, de los letrados coordinadores y del resto del personal letrado”. En la misma línea, insiste en que “las funciones de representación y defensa” se ejercerán “por el titular de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos así como por el personal letrado".

"Por otro lado”, agrega en su respuesta el Gobierno, “corresponde también al titular de la Viceconsejería el ejercicio directo y efectivo de las funciones de asistencia, asesoramiento, representación y defensas jurídicas que le vengan atribuidas expresamente o que por propia iniciativa acuerde asumir”.

El Gobierno destaca, igualmente, que una de las funciones de la viceconsejera es "asumir directamente la representación y defensa en procedimientos de todos los órdenes jurisdiccionales, así como la supervisión y estrecha colaboración con los letrados, especialmente los de mayor importancia y complejidad".

Preguntada por este periódico si es habitual que la viceconsejera a asista a otros juicios, la Consejería de Justicia que dirige Julio Pérez (PSOE) señala que "en los escasos meses en que se ha desempeñado el puesto, se ha intervenido también en otro procedimiento penal relevante, tanto en declaración de investigado, como en formulación de escritos; así como en procedimiento constitucional y ante el déficit de letrados en Tenerife se ha asumido también actuaciones en otros ámbitos jurisdiccionales".

Coordinada con la Consejería de Transición Ecológica

Por otra parte, la letrada del Gobierno, Ana Quintana, acompañada por la viceconsejera, defendió en la primera sesión del juicio de Stratvs que La Geria dejó de ser espacio natural protegido en 1990, en contra de las tesis anteriores defendidas a lo largo de los años por el propio Gobierno en diferentes pleitos judiciales sobre este espacio.

En este sentido, el Gobierno responde que la letrada directora del procedimiento ha solicitado informes "a la Consejería competente así como la colaboración necesaria para la preparación de la defensa de los acusados, estando propuestos como testigos y peritos personal de la Consejería de Transición Ecológica".

"La tesis e interpretación mantenida por el Servicio Jurídico sobre la cuestión previa planteada relativa a la prescripción en relación a los hechos imputados a nuestros defendidos, acontecidos en 1999, es jurídica y esgrimida en el desempeño de la función de defensa de los tres acusados que tiene atribuida y con apoyo en las sentencias del orden contencioso-administrativo invocadas en la sesión de juicio oral", responde el Gobierno.