La Audiencia Provincial ha dictado sentencia en la pieza del caso Unión relacionada con la trama de cobro de comisiones ilegales relacionada con el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, con epicentro en el Ayuntamiento de Arrecife.

Dimas Martín ha sido condenado a un total de siete años y cinco meses de cárcel. En la sentencia se le imponen dos años y seis meses por un delito de asociación ilícita, constituida para delinquir, además inhabilitación para empleo o cargo público durante nueve años. Además se le impone por este delito una multa de 14 meses con una cuota diaria de 10 euros. Por cada dos días que no pague se le computará un día de prisión adicional.

Además, Dimas Martín ha sido condenado por un delito continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad, en concurso con un delito continuado de fraude conectado, a su vez, con un delito continuado de prevaricación. Por ello se le imponen tres años y tres meses de cárcel.

Asimismo, el líder histórico del PIL y expresidente del Cabildo ha sido condenado a un año y ocho meses de cárcel y multa por el delito de cohecho, al haber recibido una dádiva de 219.000 euros. Martín se libra del delito de aprovechamiento de información reservada, fraude, falsedad en documento mercantil y en documento público.

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La mayor condena de prisión de esta pieza del caso Unión es para el exconcejal Antonio Machín, que fue responsable de Parques y Jardines, entre otras responsabilidades, entre los años 2007 y 2009, y que se negó a reconocer que había delinquido, al contrario que otros ediles del PIL, como José Miguel Rodríguez, fallecido, y Ubaldo Becerra.

La Audiencia le impone un total de ocho años y un día de cárcel: cuatro años y un día por un delito continuado de cohecho y cuatro años por un delito de malversación de caudales públicos de especial gravedad, conectado con otro de fraude, uno más de falsedad en documento mercantil y prevaricación.

El otro concejal del PIL que se sentó en el banquillo de los acusados fue Ubaldo Becerra, que se enfrenta a una condena que suma tres años y 11 meses de cárcel. La Audiencia le ha impuesto las “penas aceptadas” de cinco meses de prisión por un delito de asociación ilícita, un año y seis meses de cárcel por un delito continuado de cohecho y dos años más por un delito continuado de malversación de caudales públicos en relación con delitos de fraude, falsedad en documento mercantil y prevaricación.

El exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, ya condenado en el caso Proselan, por el pago de facturas falsas en el Ayuntamiento de Arrecife y por las piezas del caso Montecarlo relacionadas con los ayuntamientos de La Oliva y San Bartolomé, acumula otros tres años y seis meses de cárcel por esta pieza del caso Unión.

En concreto, la sentencia de la Audiencia Provincial le considera culpable de un delito de malversación de caudales públicos de especial gravedad junto a un delito de fraude, en relación con delitos continuados falsedad en documento mercantil y de prevaricación.

Empresarios condenados

El empresario Manuel Gregorio Reina Fabre ha sido condenado a dos años y seis meses de cárcel: por un delito de cohecho a un año de prisión y por malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento mercantil otro año y medio de cárcel.

Asimismo, el empresario Jesús Manuel Martín Brito ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión por cohecho, con multa de 50.000 euros. Por malversación, en concurso con los delitos de fraude, falsedad en documento mercantil y prevaricación, se le han impuesto otros 11 meses de cárcel.

Samuel Lemes ha sido condenado un año y seis meses de cárcel por malversación, en concurso con delitos de falsedad mercantil. Antonio Gómez Ruiz, que también contrató con el Ayuntamiento de Arrecife, se tiene que enfrentar a una condena de un año de prisión: cuatro meses por cohecho, con multa de 10.000 euros, y ocho meses por un delito continuado de malversación, en conexión con fraude, falsedad mercantil y prevaricación.