El Defensor del Pueblo ha dado cuenta a la Fiscalía de que la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, que dirige la lanzaroteña Inés Rojas, y el Ayuntamiento de Teguise, gobernado por CC y PSOE, no han contestado reiteradamente a sus peticiones de información.

El organismo considera que ambas administraciones, tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Teguise, pueden haber incurrido en un supuesto delito de desobediencia. Sólo ha adoptado esta medida con otra institución, el Ayuntamiento de Coslada, en Madrid.

Así se refleja en el informe correspondiente a 2013, presentado este jueves por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y presentado en el Congreso de los Diputados.

En el mismo señala que la Fiscalía deberá determinar si han incurrido en el delito de desobediencia en su variante de incumplimiento de la obligación de colaborar con determinados órganos como el Defensor del Pueblo, contemplado en el Código Penal.

Este delito, de ser cometido por autoridad o funcionario público, está penado con entre seis meses y dos años de suspensión de empleo o cargo público.

El informe del Defensor del Pueblo detalla que con la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Viviendas de Canarias se tramitan un importante número de actuaciones, fundamentalmente relacionadas con el reconocimiento de la situación de dependencia.

“De forma sistemática han de emitirse sucesivos requerimientos ante la falta de respuesta en los plazos previstos”, señala el organismo, que precisa que, respecto a algunos expedientes, no se ha obtenido respuesta a pesar de haberse efectuado “hasta seis gestiones por diversos canales”.

La Fiscalía tendrá que determinar si esa conducta puede ser sancionada de acuerdo con el artículo 502.2 del Código Penal, que tipifica el obstaculizar la investigación del Defensor del Pueblo, "negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación".

El informe del Defensor del Pueblo no precisa cuáles son los hechos que le llevan a denunciar por ese mismo incumplimiento al Ayuntamiento de Teguise. Becerril también incluye esas dos administraciones canarias entre las que "entorpecen" el trabajo de su institución con su reiterada falta de colaboración.

DOCUMENTO: Pinche aquí para consultar el informe (pág. 86)