La Autoridad Portuaria de Las Palmas llevó a cabo este lunes por la mañana el desahucio de una vivienda que La Caja de Canarias, ahora Bankia, vendió a un particular hace ya 16 años en la zona de la planta de Disa, alegando que la misma se encuentra en área de dominio público.

El vecino, José Díaz, compró la vivienda a la entidad bancaria en junio de 1997 por un millón de pesetas. En las escrituras la finca se describe como “urbana” la parcela, de 200 metros cuadrados, “con una casa construida de 125 metros cuadrados”, “que se compone de cuatro dormitorios, salón comedor, cocina, baño, aljibe y terraza”, “libre de cargas, gravámenes y arrendamientos”.

En febrero de 2011, la Autoridad Portuaria ordenó la “recuperación posesoria” de los terrenos, que se encuadran “en el dominio público portuario”. Hace dos semanas, Puertos notificó al dueño de la vivienda que este lunes a las diez de la mañana se procedería al desahucio, avalado por auto judicial.

Este lunes por la mañana, operarios contratados por Puertos de Las Palmas llevaron a cabo el desalojo de la vivienda y procedieron al derribo de la edificación. Hace dos años ya se produjeron derribos en la zona, al igual que en abril de 2013.

En el último de esos derribos perdió la chabola en la que residía Cristín Pérez, de 64 años, que lleva “17 años” viviendo en la trasera del muelle de Los Mármoles. Entonces, Díaz le “echó una mano” y le dejó quedarse en parte de su propiedad. Dice que no le queda familia y que los dos hermanos que tenía, uno de ellos también residente en la zona, fallecieron.

Díaz, conocido por su activismo vecinal, considera que los derribos son un caso “de corrupción” y se queja de que la entidad bancaria no haya atendido sus reclamaciones. Asegura que va a presentar una denuncia “por la vía penal” contra Bankia, “que no puede vender ninguna propiedad que no esté en situación legal”.

“Lo han tratado como a un perro”

Aunque Díaz no reside de manera habitual en la vivienda de la que ha sido desalojado, considera que las autoridades “no han tenido compasión” de residentes como Cristín y critica que “ni el Ayuntamiento, ni el Cabildo ni el Gobierno de Canarias” se hayan ocupado de su caso.  “Lo han tratado como a un perro”, denuncia.

“Voy a tener que dormir en un bidón, con un colchón dentro, como buenamente pueda”, explica Cristín, que hasta abril trabaja como operario del Ayuntamiento de Arrecife, “de tanta guerra que les di”, explica.

El Consistorio le concedió una ayuda durante tres meses para alquilar una vivienda, “pero tenía que dar dos meses de adelanto y me era imposible reunir ese dinero”, señala Cristín. “El Ayuntamiento me dio 395 euros, no me llegaba ni para el alquiler y los cogí para comer”.