La jueza actual del caso Unión, Silvia Muñoz, ha rechazado la pretensión de que se anule buena parte del procedimiento judicial tras el recurso de alguno de los imputados contra los autos que ordenaron los registros efectuados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los ayuntamientos de Arrecife y Yaiza.

Los s autos judiciales, que avalaron la entrada en las sedes municipales el 24 y el 29 de mayo de 2009 fueron incorporados el pasado 10 de julio al procedimiento judicial, más de cuatro años después de que se llevaran a cabo los registros, en los que se incautó numerosa documentación para ramas de la investigación como la presunta trama de Urbaser en la capital de la Isla.

La defensa del ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, interpuso un recurso contra los citados autos, dictados en la etapa del juez César Romero Pamparacuatro, al considerar que su incorporación al procedimiento judicial  se había llevado a cabo fuera de plazo y “por vulnerar la tutela judicial”.

En cambio, el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, emitió un informe en el que considera que “se trata de un mero error material, ya subsanado” y que “en ningún caso” deba implicar “la nulidad” de las citadas resoluciones, lo que llevaría aparejado que no se podrían utilizar las pruebas documentales halladas en los registros de los Consistorios investigados.

La jueza acoge el criterio de la Fiscalía y rechaza el recurso del imputado, que puede volver a recurrir ante la Audiencia Provincial. Sostiene que “no se ataca el fondo de las resoluciones sino la forma” y rechaza que se haya generado “indefensión” a los implicados en la causa judicial.

Camero denunció una vulneración de la "tutela judicial"

Así, considera que se trató de un fallo por el elevado “volumen de las actuaciones judiciales” y que, tras revisar todo el procedimiento, los autos que se creían perdidos incluso estaban en el propio sumario, aunque ni el secretario del Juzgado había caído en la cuenta de ello en un principio.

Al contrario de lo que ha decidido para los registros de los ayuntamientos de Arrecife y Yaiza, la jueza y el fiscal han avalado la nulidad de la entrada en el domicilio y las oficinas del promotor Luis Lleó, uno de los principales imputados por el supuesto intento de soborno al socialista Carlos Espino para desbloquear el desarrollo de una parcela en Playa Blanca.

Archivo de una pieza contra Lleó

En el caso del promotor Luis Lleó, los autos que autorizaron los registros de su domicilio y sus oficinas también fueron aportados a la causa recientemente y carecían de la firma del juez, al haberse tramitado al margen del sistema Atlante de la Administración de Justicia.

Sin embargo, se ha considerado por parte de Juzgado y Fiscalía que las órdenes no se motivaron de forma conveniente en aquel momento, aunque luego se hallaron pruebas de presuntos delitos en la autorización de la urbanización Costa Roja e incluso de irregularidades bancarias de Cajacanarias, que ahora no tienen validez.

Además, la jueza ha archivado la pieza por el intento de venta de un edificio de Lleó a la Cámara de Comercio y al Gobierno de Canarias, en la que han estado imputados empresarios locales como Honorio Nicolás García Bravo y Eugenio Romero.