El Gobierno de Canarias, a través de un informe firmado por la Jefa de servicio de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), ha rechazado la pretensión de la familia Murillo, denunciantes del caso La Bufona, de ejecutar de forma inmediata la orden de demolición parcial de tres de las 14 casas que ocupan suelo rústico en La Bufona propiedad de Murillo, y que no han recurrido dicha orden a los tribunales.

Al no recurrir la orden, ésta ya es firme, así que Murillo solicitó que se ejecutara. La Agencia contesta que aunque sean viviendas individuales y haya 14 órdenes distintas “es una actuación de la Apmun conjunta en la que motivos de racionalidad técnica y de eficacia y eficiencia en la actuación administrativa impiden ejecutar de forma individualizada las órdenes de demolición”.

Añade que “procede diferir el requerimiento a los interesados del proyecto de restablecimiento como primer trámite para la ejecución voluntaria de lo ordenado a la finalización de los procesos jurisdiccionales penales y contencioso administrativos que están en curso”.

En definitiva, que hasta que no se pronuncien los tribunales sobre las otras once casas, no se tomará una decisión sobre estas tres. Es más, la Apmun recuerda que la Administración cuenta con un plazo de 15 años para ejecutar el restablecimiento ordenado, según jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La Apmun rechazó emplazar como interesada a la familia Murillo a pesar de que lo ha estado durante más de una década, pero les permite ser parte en el procedimiento en cumplimiento de la acción popular. Murillo ha puesto un recurso de reposición a la decisión del Gobierno de no ejecutar las órdenes de demolición.

Sobre las casas, la Agencia considera que “ha sido suficientemente constatado que las obras descritas carecen de amparo administrativo alguno” y asegura que son “indudable y manifiestamente ilegalizables”, al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico. La mayoría de las demoliciones afectan a pérgolas, piscinas, edificaciones adosadas a las viviendas, muros, o terrazas.

Desde 2008

En septiembre de 2008, un informe de la Apmun concluía que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima para desarrollarse. Además, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24.

Las viviendas tienen más superficie de la autorizada y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.

En ese informe se aseguraba que la superficie que ocupan las viviendas no se corresponde con las licencias otorgadas. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados, cuando tienen más de 200. El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico.