El proyecto es de 2011, la solicitud de licencia de enero de 2012 y el decreto de concesión del 3 de septiembre de ese año. La licencia, otorgada a la sociedad Finca Las Quemadas (del exalcalde de San Bartolomé, Miguel Martín) para construir una bodega de vino crianza en La Geria, tenía unos condicionantes: las obras debían estar empezadas en un plazo de tres meses desde su comunicación y terminadas en el plazo de dos años. Se podía obtener una prórroga por un plazo igual siempre y cuando se solicitara de forma expresa antes de que finalizara el primer plazo. El acta de replanteo es de octubre de 2012. Seis años después las obras siguen y el Ayuntamiento considera que la licencia está vigente.

En marzo de este año el periódico Canarias 7 publicó un reportaje sobre las obras bajo el título “Otra macrobodega apuesta por La Geria” en el que se informaba de que el empresario Domingo Cabrera Crespo excavaba “un complejo de 1.700 metros cuadrados con todos los permisos”.

Poco después del reportaje, el Seprona hizo una inspección a las obras y preguntó al Ayuntamiento si existía licencia en vigor en esa parcela a nombre del empresario ya citado y si la construcción es autorizable según la normativa en vigor.

La respuesta del Ayuntamiento, firmada por el concejal de Urbanismo, David Rocío (CC), que gobierna junto al PSOE, es que la licencia sigue vigente porque nadie ha declarado su caducidad. Señala que se concedió la licencia bajo el paraguas del Plan Especial de La Geria para una bodega subterránea de 1.127,50 metros cuadrados (no 1.700) y hace mención a que la bodega tenía autorización previa desde 2011 del Cabildo de Lanzarote, como órgano gestor del espacio protegido. También señala que, aunque se anuló el Plan Especial de La Geria, su anulación no comporta la nulidad de todos los actos administrativos aprobados cuando estaba vigente.

Volviendo a la caducidad, dice el concejal que hace falta una resolución expresa para caducarla, según jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, ya que no opera de forma automática y alude a la Ley del Suelo. Asegura que su artículo 347.6 otorga “una potestad discrecional de la administración al utilizar el vocablo facultará”.

Lo que dice ese apartado del artículo es: “El transcurso del plazo, inicial o prorrogado, de vigencia de una licencia sin que el interesado haya comenzado o, en su caso, concluido la actuación habilitada facultará a la Administración para incoar expediente de caducidad de la licencia, donde se dará audiencia al interesado”.

E inmediatamente después: “La Administración decretará la caducidad de la licencia cuando concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior para la denegación de las solicitudes de prórroga”. Y el apartado anterior dice que “la denegación de la prórroga solo podrá acordarse, previa audiencia del interesado y de forma motivada, cuando la demora en el inicio o en la conclusión de la obra no esté justificada y existan, además, elementos fehacientes que evidencien la imposibilidad de su inicio o conclusión en el plazo solicitado”.

El concejal de Urbanismo, David Rocío, señala que no se han caducado “ni licencias ni expedientes”. Tanto para caducar como para mantener la licencia el Ayuntamiento debería haber abierto un expediente de caducidad y dar audiencia al interesado. En el expediente sobre esta obra que hay en el Ayuntamiento de San Bartolomé no consta ni petición de prorroga ni justificación motivada de la demora.

Además, la Ley del Suelo se aprobó en 2017, cinco años después de la concesión de la licencia, cuyas obras, en caso de que se hubiera concedido una prórroga, se hubieran podido alargar hasta 2016 como máximo. Tanto el Ayuntamiento como el Cabildo o bien un particular podían haber instado la caducidad de la licencia desde el año 2014.

Estado de las obras en agosto.

Proyecto

El proyecto de la bodega lo encarga el exalcalde Miguel Martín en la Finca Las Quemadas a través de la sociedad del mismo nombre. Sobre esa finca, según informó el Cabildo, hay un expediente de 2008 de la Agencia de protección del medio urbano y natural por excavar y extraer material de una colada volcánica.

El permiso se concede para 1.270 metros. El informe jurídico determina que la finca tiene entidad suficiente para disponer de dos equipamientos y que la prórroga solo se puede conceder mediante solicitud expresa

El presupuesto de la obra no llega a los 400.000 euros y el proyecto consiste en construir una bodega de vino crianza en suelo rústico de protección. En la finca ya hay una bodega, considerada como elemento estructurante de La Geria, pero el Cabildo deja claro que se trata de una segunda bodega.

El Plan, ya anulado, permitía construir una bodega si estaba asociada a una explotación agrícola de viñas del mismo propietario. Es el Cabildo quien debía comprobar esas circunstancias y hace mención a que Martín tiene un certificado del Consejo regulador del vino de Lanzarote, del que había sido presidente, que así lo acredita.

Por otra parte, en el expediente no se encuentra ningún documento que mencione la transmisión de la licencia a otro promotor como ha ocurrido en este caso. Fuentes jurídicas consultadas por Diario de Lanzarote aseguran que hay que comunicar los cambios a la administración cuando la licencia esté en vigor.

El Ayuntamiento de San Bartolomé había pedido un informe que aclarara quién y cómo se determina y se controla la superficie de los equipamientos estructurantes porque se seguía desconociendo la superficie real construida, que no aparece en el Plan Especial. Así que el informe municipal no es concluyente ni definitivo al no poder comprobar esa superficie.

El Cabildo señala que hay al menos 486 metros construidos destinados a la elaboración de vino y considera que se debe autorizar la obra con seis condicionantes, entre los que está el de demostrar la vinculación de explotaciones agrarias a la finca de la bodega. El permiso se concede para 1.270,50 metros bajo rasante. El informe jurídico determina que la finca tiene entidad suficiente para disponer de dos equipamientos e insiste en que la prórroga solo se puede conceder mediante solicitud expresa.

Por su parte, el promotor Miguel Martín señalaba que del medio millón de litros de su producción iba a destinar 75.000 litros a crianza y que solo el 20 por ciento de esa producción viene de fincas propias y el resto de la cosecha de otros viticultores. Para obtener la licencia debía pagar casi 27.000 euros de licencia y tasas y otros 20.000 de canon. Martín dice en el expediente que tiene dificultad en aquel momento para encontrar liquidez “por la grave situación económica” y pide un año de carencia y un pago fraccionado.

No solo eso, también pide que el canon se compense con un dinero que supuestamente le debe el Ayuntamiento por unos terrenos que pertenecen a su familia y que se les ocuparon al realizar la calle Circunvalación pero que nunca se expropiaron. El Ayuntamiento no le responde y Martín vuelve a insistir en 2006 porque se había iniciado el embargo por la vía de apremio.