La Audiencia Provincial de Las Palmas considera que hay indicios de delito que deben ser “objeto de una investigación más profunda” en la instrucción de las diligencias que se siguen por malversación de caudales públicos y prevaricación sobre el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el exsecretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes (ambos ya condenados por delitos relacionados con el urbanismo) y el abogado Felipe Fernández Camero, ex secretario de Arrecife e imputado su vez en la operación Unión.

La investigación se centra en el pago a este abogado de una cantidad mensual de dinero entre 1996 y 2008 por una supuesta labor de asesoramiento sin que exista expediente administrativo de contratación.

En abril de 2012, la Fiscalía, al realizar la acusación por el caso Yate, pidió que se abriera una pieza separada para aclarar estos pagos. Un año después, el Juzgado de Instrucción número 1 archivó la causa, y el pasado día 24, la Audiencia ordenó que se continuara hasta agotar la instrucción.

Camero fue nombrado asesor del Ayuntamiento en 1980 y, además de sus honorarios por los numerosos pleitos en los que representaba al Ayuntamiento, cobraba mensualmente otra cantidad.

La Audiencia señala que los responsables municipales debían haber puesto fin al acuerdo de 1980 o iniciar un expediente de contratación. Además, destaca que se produce un solapamiento de servicios profesionales y que eso “abunda en la irregularidad desde el punto de vista legal de la situación” porque no aparece justificado que el Ayuntamiento tuviera que recurrir a los servicios de este abogado de forma permanente durante los 12 meses del año y además lo contratara en numerosas causas.

El acusado presenta en su defensa informes o dictámenes jurídicos, para justificar su asesoramiento, que ni son muy numerosos ni tienen registro de entrada ni sello de las oficinas municipales.

Desde que se inició el caso Yate, en 2006, el Juzgado investiga el papel de Fernández Camero en la concesión de licencias ilegales en Yaiza. Se le imputó por un delito contra la ordenación del territorio, ahora archivado, como presunto inductor de esa concesión de licencias.

Desde que se inició el caso Yate el Juzgado investiga su papel en las licencias ilegales

Al mismo tiempo que asesoraba al Ayuntamiento, lo representaba en sus pleitos contra la Moratoria, como defensor de las licencias otorgadas por Reyes, y también era el abogado de numerosos promotores inmobiliarios, y era el defensor en la vía penal de los mismos promotores, de funcionarios municipales y del ex alcalde.

Lo que se intenta dilucidar es, si bien Camero era asesor jurídico del Ayuntamiento de Yaiza y dictaba la estrategia a seguir en cuanto a las licencias urbanísticas o, en caso de que no fuera así, cuál era su papel en el Ayuntamiento para justificar esos cobros durante 12 años.