Se suceden los efectos de la venta por la Diócesis de Canarias de las casas que se construyeron a mediados del pasado siglo en el barrio de Argana (Arrecife) para familias necesitadas gracias a la donación de un particular.

A finales de diciembre se conocía que el Juzgado había dictado el desahucio de la vivienda que ocupan desde hace medio siglo Sinforiano y Pilar, de 90 y 87 años de edad. Ahora es el turno de Luis Manuel Torres, parado de 56 años, que vive en la casa de al lado,  en el número 8 de la calle Palacio Valdés, en Argana Alta.

El Juzgado de primera instancia número 3 de Arrecife ha fijado el desahucio para el día 7 de marzo a las nueve de la mañana. Luis Manuel también ha agotado la vía judicial y los tribunales no le han dado la razón.

La historia es la misma que la de Sinforiano y Pilar. Los padres de Luis Manuel consiguieron la vivienda gracias a una cesión de la parroquia de San Ginés a finales de los años cincuenta. Él vive ahí desde que tenía seis años. Esa casa, y las otras cinco de la misma calle, las construyó, con ayuda de los feligreses, la parroquia, en un suelo cedido por un vecino para destinarlas a personas necesitadas.

Hace ocho años la Iglesia vendió las casas por 360.000 euros a la empresa que gestiona el concesionario de Iveco en Lanzarote, que ha solicitado el desahucio de las seis. Dos de ellas ya se han derribado y faltan cuatro, de las que dos tienen ya orden de desahucio, mientras que otra vecina ha ganado el juicio tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial y podría permanecer en su vivienda.

La Diócesis de Canarias vendió las viviendas en 2005, antes de informar a los vecinos

Luis Manuel, junto a su vecina, relatan cuál fue la primera noticia que tuvieron de la Iglesia en el año 2006. “Vino el párroco y nos dijo: Tengan un poquito de vergüenza y recojan sus cosas que ya han vivid mucho tiempo gratis”. “Eso fue lo que nos dijo y no apareció más”, señala la vecina. “Y luego en el juicio dijo que no nos había visto nunca”, apunta Luis Manuel sentado en la puerta de su vivienda. A partir de ahí, sólo vieron papeles, pero no a más personas.

El párroco dijo después que se habían vendido las casas con la condición de que se realojara  a los inquilinos, pero nadie les ofreció nada, ni siquiera la posibilidad de comprarla antes que la empresa. Es más, la venta ya era un hecho desde el año 2005, antes incluso de que el párroco pasara por allí a informarles de la situación. El resto ha sido un cúmulo de despropósitos: los vecinos cuentan que pagaron 3.000 euros cada uno a un abogado de Las Palmas y que nuca más supieron de sus gestiones.

“No tengo adonde ir”, cuenta Luis Manuel, que está en el paro desde hace cuatro años

Luis Manuel trabajaba en una empresa en mantenimiento, hasta que cerró. Hace cuatro años que está en paro y cobra únicamente el subsidio de 426 euros. Sólo tiene una hija que a su vez vive con sus suegros. “No tengo adonde ir”, dice. Hace diez años se gastó seis millones de pesetas en el arreglo de la vivienda. “Está todo forrado de bloque”, apunta. La casa se encuentra en buen estado y tiene 120 metros cuadrados. “Con el tiempo que uno lleva aquí, quién piensa que lo van a echar”, dice.