En diciembre de 2010, hace más de tres años, la empresa pública Gesplan comenzaba a encargarse de la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Yaiza. El Gobierno de Canarias ha acabado por encargarse de renovar la mayoría de los planes de los municipios canarios, y el del Sur de Lanzarote se ha confirmado como una de las tareas más complicadas.

Yaiza mantenía un Plan General desde 1973, desbordado por todas partes, sigue teniendo grandes bolsas de suelo, planes parciales sin entregar, una lista interminable de ilegalidades: más de veinte complejos con licencias anuladas por los tribunales, ocupación de zonas verdes o pleitos por la propiedad de terrenos, y unos poderes fácticos que no renuncian a seguir influyendo en su favor. Un desastre urbanístico mayúsculo.

El Gobierno no ha sido capaz, o no se atreve, a tomar ciertas decisiones, y sin embargo, intenta difundir que la culpa del retraso es del Ayuntamiento por una bolsa de suelo en Playa Quemada o alega que faltan informes sectoriales de Medio Ambiente, Carreteras o Costas. El Ayuntamiento, por otra parte, suspendió hace un año y medio la concesión de licencias, en el municipio no se mueve un papel y la alcaldesa empieza a notar también la presión de sus vecinos.

En septiembre de 2012 el avance del Plan se expuso públicamente, se presentaron cientos de alegaciones, y este verano el equipo redactor terminó de informarlas, pero el Gobierno, en los últimos seis meses, no ha tomado una decisión sobre ellas. En el Plan hay actuaciones polémicas, no sólo respecto al encaje de los hoteles ilegales, que se afrontó al principio de la tramitación, o la inclusión de varios convenios polémicos, como el de Puerto Calero, Montaña Roja o Playa Blanca. Este último, con 800 villas construidas sin amparo legal, es el que está menos claro, mientras que la recepción del plan parcial Montaña Roja será una decisión municipal posterior al Plan.

Gesplan tiene mucha carga de trabajo y poca capacidad de decisión

Y sigue habiendo problemas que frenan la aprobación del PGOU. En dos actuaciones que se quieren reflejar en el Plan han surgido, como suele ser habitual, problemas entre propietarios de distintas parcelas, que impiden que haya un interlocutor válido para negociar: se trata del futuro campo de golf y de una parcela deportiva junto al Princesa Yaiza; pero no es el único problema.

Gesplan tiene mucha carga de trabajo y poca capacidad de decisión para asuntos poco claros. Es más, para resolver algunos de estos problemas se necesita una negociación, y la Consejería de Política Territorial que dirige Domingo Berriel evita contrariar a ciertos promotores.

Deuda de 800.000 euros a su propia comunidad

La Entidad de conservación del plan parcial Playa Blanca tiene un déficit de 800.000 euros por cuotas impagadas de los propietarios de urbanizaciones y suelo en dicho plan, que fue anulado por la Justicia. En el nuevo Plan General se quiere regularizar aprobando dos unidades de actuación.

Hace dos meses los promotores aprobaron la propuesta do convenio que se incluye en el Plan, pero sólo fue respaldada por el 12 por ciento del total de propietarios, ya que la mayoría no puede votar porque no está al día en el pago.

Ahora se propone una nueva fórmula que consiste en crear una comunidad de bienes que heredaría todas las deudas de la entidad de conservación y en la que se propone que puedan votar también los que no están al corriente del abono de las cuotas.

Algunos compradores de casas en ese plan parcial, que se consideran estafados por los promotores, no están de acuerdo con esta fórmula, y además temen que tras la regularización tengan que abonar los gastos de urbanización. Los responsables de la Entidad de conservación alegan que esos gastos los asumirá el promotor de la parcela hotelera que se incluye en esta nueva unidad de actuación, pero ese compromiso no se recoge por escrito.