La Fundación César Manrique ha encargado un dictamen jurídico sobre la constitucionalidad de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) aprobada por el Parlamento de Canarias, que apareció publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 13 de julio, actualmente en vigor.

El dictamen ha sido elaborado por Marcos Vaquer Caballería, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y sus conclusiones serán entregadas por la Fundación César Manrique a la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible con el propósito de elaborar un recurso de inconstitucionalidad que será presentado por Unidos Podemos.

En el dictamen se abordan asuntos de eventual inconstitucionalidad que, entre otras, afectan a dos grandes cuestiones controvertidas: la clasificación y el régimen jurídico del suelo rústico, y las potestades de ordenación urbanística.

En el apartado de la clasificación y el régimen jurídico del suelo rústico, el Dictamen identifica motivos de inconstitucionalidad en tres contenidos relevantes de la Ley: el régimen de los asentamientos rurales, la ampliación de  usos ordinarios del suelo rústico y el requisito de la integración en la malla urbana para la clasificación como urbano del suelo.

En lo que concierne a las potestades de ordenación urbanística, el Dictamen pone en cuestión cómo se tratan en la Ley del Suelo las relaciones internormativas entre distintos entes territoriales cuya autonomía está garantizada por la Constitución. Asimismo, cuestiona la constitucionalidad de los contenidos de la Ley referidos a la nulidad radical de los planes que excedan del mínimo contenido necesario, que, además, constituye, a juicio del profesor Marcos Vaquer, "una fuente potencialmente inagotable de recursos contencioso-administrativos".

Por último, en este apartado, se estudian desde una perspectiva constitucional los instrumentos extraordinarios de ordenación, en particular los proyectos de interés insular o autonómico, que, por la "indeterminación de los supuestos legitimadores", por saltar por encima del sistema ordinario de planificación y romper la autonomía municipal, se consideran inconstitucionales. Como considera inconstitucional que estos proyectos se alineen, en algún artículo, con las "ordenaciones sin efectos significativos sobre el medio ambiente [...] a los efectos de someterlos a evaluación simplificada".