El juez César Romero Pamparacuatro también ha ganado un juicio al periodista Francisco J. Chavanel por intromisión ilegítima en su honor. El Juzgado de primera instancia 3 de Puerto de la Cruz ha condenado tanto al periodista como a la editora de Canarias 7, a Editorial Lancelot, a Radio Faycan y a la productora de Chavanel, El Escorpión de Jade, a pagar una suma que alcanza los 45.000 euros. Es la segunda condena en un mes por unos hechos similares, después del fallo contra el periodista por una campaña de desprestigio contra el fiscal Ignacio Stampa.

Chavanel tendrá que pagar de forma solidaria en todos los casos, mientras que las empresas donde publicó sus artículos en los que atacaba la instrucción del juez en el caso Union y se mofaba del magistrado, tendrán que pagar diversas cantidades.

En concreto, el Juzgado condena a Inforcasa, editora de Canarias 7, a pagar 1.000 euros por las informaciones y 6.000 por los artículos de opinión de Chavanel, a Lancelot otros 5.000 euros por esos mismos artículos, a Radio Faycan, donde se emitía El espejo canario, 3.000 y a la productora de Chavanel, otros 30.000 euros.

Todos los medios deberán publicar el encabezamiento y el fallo en su página web y en el periódico, en el caso de Canarias 7, y leer el fallo durante cinco semanas, un día distinto cada semana, en el programa radiofónico.

El Juzgado considera que "la información y los artículos publicados en el diario Canarias 7, en el diario Lancelotdigital.com, y las emisiones del programa El Espejo Ccnario constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor de César Romero Pamparacuatro".

La sentencia destaca la “desproporción” de los artículos e intervenciones radiofónicas de Chavanel y le censura que, del conocido como ‘informe Barrancos’, de una jueza que también instruyó el caso Unión, en “ningún caso” cabe “extraer conclusiones y aseveraciones que impliquen la comisión de ilícitos penales por parte del juez” Pamparacuatro.

“La desproporción se torna evidente cuando, apoyándose en el mencionado informe se traslada a la opinión pública comportamientos del demandante que suponen, de facto, la comisión de un amplio catálogo de ilícitos penales” sin que el citado informe “pueda sostenerse tal apreciación”, añade la resolución judicial.

Así, la sentencia atribuye al locutor “imputaciones delictivas” al juez Pamparacuatro, a quien acusó de haber vulnerado “derechos constitucionales” dentro de un “plan urdido por agentes externos con finalidades bastardas” y con intencionalidad política. “Esto supone la imputación a un juez de la comisión de varios delitos de especial gravedad dada la naturaleza de las funciones que desempeña”, añade la sentencia.

La sentencia subraya que Chavanel atribuyó al juez Pamparacuatro un “catálogo de imputaciones delictivas”, como un delito de detención e incomunicación ilegal a investigados en el caso Unión. Además, recalca que la “gravedad” de esas imputaciones “no se acompaña de ninguna prueba objetiva que permita sostener dichas afirmaciones”.

Chavanel, según la sentencia, también atribuyó a Pamparacuatro delitos de prevaricación o de cohecho. “No puede defenderse que la libertad de expresión le protege frente a tales afirmaciones”, añade el Juzgado, que destaca el “menosprecio” al primer juez instructor de Unión. Unas acusaciones sin base y que no se apoyan en la “mínima diligencia que cabría suponer” a un periodista.

En la resolución del Juzgado también se destaca que Chavanel responsabilizó a Pamparacuatro de un delito de retardo malicioso de la Administración de Justicia, una acusación que “no resulta amparada en ningún elemento objetivo” y que “se torna objetivamente injuriosa”, ocasionando una “patente denigración” en el “honor” del juez y en su “imparcialidad”.

La sentencia condena un "catálogo de imputaciones delictivas" en artículos de prensa y en la radio sin "ninguna prueba objetiva"

Así mismo, la sentencia también resalta que Chavanel utilizó en ocasiones la expresión “corrupción judicial” para referirse a Pamparacuatro, a quien acusó de “manipular verdades y convertirlas en cosas que no son”.

La sentencia también hace hincapié en la falsedad difundida por Chavanel de que Pamparacuatro había solicitado ayuda al PSOE y de que se había reunido en agosto de 2014 con Carlos Espino, denunciante de una de las ramas del caso Unión, encuentro que no existió y de la que llegó a decir que había fotos.

Según la sentencia, la difusión de información falsa como la citada supone situar a Pamparacuatro “como parte activa de un entramado de corruptelas políticas, trasladando a la opinión pública, sin la diligencia debida” y “de manera negligente” comportamientos irregulares para un juez.