Ni la Iglesia, ni el abogado ni los servicios sociales han funcionado correctamente en el caso de  Sinforiano y Pilar, el matrimonio casi nonagenario que afronta el desahucio de su vivienda en Argana Alta, fijado por el Juzgado para el próximo 21 de marzo. Así lo cree la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que apoya a los ancianos y asegura que “el desahucio no se va a ejecutar porque no lo vamos a permitir”.

En primer lugar, el abogado de oficio no presentó a tiempo un recurso de reposición para evitar al orden de desalojo. “Es terrible”, dice Cristina Cividanes, portavoz de la PAH, que asegura que el decanato de los abogados debería  intentar controlar esta “falta de ética profesional de algunos abogados que ponen muy poco empeño en la defensa de un cliente”.

En segundo lugar, “la Iglesia se permite violar hasta las últimas voluntades de la persona que cedió los terrenos para que se construyeran esas casas”, asegura, porque el suelo estaba destinado a los más necesitados, e incluso se hizo una cuestación para afrontar la construcción, “y sin embargo se vendió el terreno apuntándose a la burbuja inmobiliaria”.

“Es inaudito -señala Cividanes-, la Iglesia, la Diócesis de Canarias, debería haberse ya disculpado y buscar la reparación por el daño causado, por el daño emocional que supone robarles la tranquilidad de lo que les quede de vida”. Desde la PAH consideran que el daño sobre este matrimonio es muy grande y que esto es sólo el final del daño emocional que empezó en 2006, cuando se vendieron las casas a la empresa Iveco.

En tercer lugar, citan al Cabildo, asegurando que si esta institución dedica el 30 por ciento de su presupuesto en servicios sociales y eso no sirve para solucionar esta situación es “porque no funciona el sistema, está mal diseñado y es un dinero público mal gestionado”.

“Si la gente llega a la PAH es que la red de servicios sociales no funciona, porque se sirve a sí misma, con una serie de funcionarios y de burocracia que no atiende realmente a quienes lo necesitan, y ofrece una ayuda encriptada, un laberinto”, señala Cividanes.

“Cada vez que se intenta hablar con el alcalde lleva mucha prisa”

Andrés Medina, vinculado al colectivo de vecinos de Argana, se queja de la falta de respuesta del Ayuntamiento de Arrecife. Dice que ha tratado sin éxito de exponer la situación al alcalde, Manuel Fajardo Feo (CC): “Cada vez que intento hablar con él se va porque lleva mucha prisa y dice que está muy ocupado y tiene muchos problemas”.

Medina asegura que “hasta después de las fiestas” no atenderán a los vecinos, con orden de desahucio. “El alcalde me dejó con la palabra en la boca y se marchó, que es lo que pasa normalmente”.

Amenaza de desahucio a tres mujeres con hijos menores

Cividanes destaca que ahora la PAH negocia tres casos de tres mujeres con hijos menores de edad que van a ser desahuciadas de las viviendas que tienen alquiladas porque no tienen ingresos.

La PAH tiene previsto recuperar viviendas y realojar a esas personas y aseguran que hacen falta unos servicios sociales “reales, viables y estables” porque ahora se da un claro fallo de estrategia porque no sirve dar una ayuda de 800 euros al año para alquiler sino que hay que negociar alquileres sociales con los bancos o las inmobiliarias para que existan de forma estable viviendas para personas con necesidades.

Por último, la PAH también destaca que el Gobierno de Canarias no ha avanzado en su Plan de vivienda, que prácticamente copió del de Andalucía, y que mientras allí se está multando a bancos por tener viviendas vacías, “aquí aún estamos con un proyecto de ley”. “Paulino Rivero llega siempre detrás de la ambulancia”, aseguran.