Ni el Consejo Insular de Aguas, controlado por el Cabildo, ni el Ayuntamiento de Yaiza, se han dado por aludidos. La jueza Silvia Muñoz, instructora de la causa penal contra la bodega Stratvs, sobre la que ha decretado su cierre cautelar hasta que haya juicio o por un plazo máximo de cinco años, ha destacado la “inactividad alarmante” de las instituciones públicas y su “falta de decisiones” a pesar de las irregularidades detectadas, desde el punto de vista urbanístico, de actividades y medioambiental.

Tal y como destaca la jueza, tiene “más de 12.000 metros cuadrados construidos que exceden” de “manera grosera” los “algo más de 1.000 metros autorizados” y lo que se construyó “ni estaba autorizado ni sería autorizable”. También carece de autorización para el vertido de aguas residuales y, según la jueza, hay indicios de un delito de estafa o de la demolición de una vivienda con valor histórico.

La jueza dice que el “deber de vigilancia y control durante todos estos años ha sido nulo” y que “incluso después de tener pleno conocimiento” no han intervenido. En concreto, subraya la “aún actual y flagrante inactividad del Ayuntamiento de Yaiza y del Consejo Insular de aguas, y su patente dejadez en el cumplimiento de sus funciones”, al tiempo que advierte con claridad que esta conducta puede considerarse prevaricación por omisión.

Sin embargo, el toque de atención de la jueza ha sido respondido con evasivas por parte de los responsables del Consejo Insular de aguas y del Ayuntamiento sureño. El presidente del Cabildo y del Consejo, Pedro San Ginés, ha manifestado el “máximo respeto a las decisiones judiciales” y ha admitido que el organismo tiene “muchas asignaturas pendientes”. “En cualquier caso, yo no me siento directa y personalmente aludido” y “no creo que sea el Cabildo el responsable máximo”, ha añadido el presidente tras la rotunda crítica de la jueza.

Desde el Ayuntamiento de Yaiza, que cerró de manera cautelar un restaurante de Stratvs que no contaba con permisos en septiembre pasado, se escudan en la inhabilitación del secretario municipal y la falta de respuesta del Cabildo a la petición de ayuda para la elaboración de los informes jurídicos sobre el conjunto de las instalaciones. La jueza entiende que la alcaldesa, Gladys Acuña, imputada en la causa, no puede alegar desconocimiento sobre las instalaciones y recuerda que ha llegado a celebrar bodas en las instalaciones.

En manos de la Audiencia Provincial

Tras el auto de la jueza Silvia Muñoz, ahora será la Audiencia Provincial la que decida si mantiene la medida cautelar o la levanta. El cierre fue instado por un miembro de la familia Negrín, propietarios de una parte de la finca sobre la que se construyó la bodega. Sobre la titularidad registral de la finca, la jueza afirma que fue “modificada catastralmente de manera irregular” un sábado de mayo pasado, “sin que BTL Lanzarote [la empresa explotadora] haya acreditado hasta el momento la titularidad” del suelo en el que se asienta la bodega, “ni en todo, ni tan siquiera en parte”.