De las catorce casas de la urbanización La Bufona, en Arrecife, sobre las que la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun) dictó este año una orden parcial de demolición, once de ellas han recurrido esa decisión en los Juzgados de lo contencioso administrativo. Para las otras tres que no han recurrido, la orden ya es firme.

El propietario del suelo rústico donde se asientan la parte de esas casas sobre la que se ha solicitado el derribo, Eduardo Murillo, ha presentado un escrito ante la Apmun en el que señala que la instructora de ese expediente, Carlota Pérez, le certificó por carta que habían sido diez, y no once, los propietarios que habían recurrido, cuando desde el Juzgado se informaba que eran realmente once.

Murillo se queja ante el Director de la Apmun de que no se le dio traslado del recurso presentado por la portavoz del PP en el Cabildo de Lanzarote y parlamentaria regional, Astrid Pérez, propietaria de una de las viviendas. Asegura que de esta forma no se le permite personarse y ejercer su derecho a la defensa sobre un expediente que se abre en un suelo que es de su propiedad.

Además, solicita que se le informe si realmente ya son firmes esas tres órdenes de demolición porque no se han recurrido en los Juzgados y pide que en ese caso se proceda a su ejecución y en caso de que no se vayan a ejecutar, que se emita una resolución motivada de por qué no se lleva a cabo el derribo. También pide que si los propietarios no cumplen la orden de reposición de la realidad física alterada, se les multe mensualmente.

Las obras son “indudable y manifiestamente ilegalizables” por invadir suelo rústico

Según la Apmun, “ha sido suficientemente constatado que las obras descritas carecen de amparo administrativo alguno” y asegura que son “indudable y manifiestamente ilegalizables”, al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico. La mayoría de las demoliciones afectan a pérgolas, piscinas, edificaciones adosadas a las viviendas, muros, o terrazas.

Una urbanización que no debió ejecutarse

En septiembre de 2008, un informe de la Apmun concluía que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima para desarrollarse. Además, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24. Las viviendas tienen más superficie de la autorizada y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.

En ese informe se asegura que la superficie que ocupan las viviendas no se corresponde con las licencias otorgadas. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados, cuando tienen más de 200. El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico.