El Ayuntamiento de Teguise, gobernado por Coalición Canaria y Partido Socialista, está obligado a indemnizar a una trabajadora que quedó la primera en una prueba de selección de funcionarios interinos y personal laboral hace tres años. A la trabajadora, auxiliar administrativo, se la echó a la calle y no se la volvió a contratar a pesar de que el puesto que ocupaba era necesario y con posterioridad se realizaron contratos a otras personas para la misma ocupación.

La trabajadora inició un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento presidido por Oswaldo Betancort (CC) por los daños ocasionados, al comprobar cómo a pesar de estar la primera en una bolsa de empleo, el Consistorio ignoraba el resultado de la selección de personal.

De hecho, denunció cómo el Ayuntamiento, tras despedirla en febrero de 2012, ha contratado a otras personas para el mismo puesto a pesar de estar por detrás de la afectada en la lista de interinos y laborales o “mediante vías de acceso distintas y por tanto al margen de la bolsa de empleo, sin justificación”.

El alcalde de Teguise formuló el pasado 1 de octubre una propuesta de resolución rechazando la reclamación de la trabajadora, que ahora ha echado por tierra el Consejo Consultivo de Canarias, que ha emitido su dictamen preceptivo dándole la razón a la empleada y criticando con dureza los pasos dados por el Ayuntamiento.

El Consejo Consultivo recalca que la “expectativa” de trabajo, según la versión del gobierno municipal, “deviene en un derecho pleno a ser contratada para ese puesto cuando la necesidad para el funcionamiento de la Corporación local así lo requiera”. “Por el contrario”, destaca el Consultivo, el Ayuntamiento de Teguise “incumple con la normativa establecida efectuando llamamientos al margen de la bolsa o dentro de la misma, pero sin respetar el orden de aspirantes, como ha acreditado la afectada”.

Además, rechaza los argumentos del Ayuntamiento, que alegó que cumplía con medidas del Gobierno central para limitar durante los dos últimos años la contratación de nuevo personal. El Consultivo aprecia “una incorrecta interpretación de la normativa”, puesto que era posible si se derivaba de “ofertas de empleo público de ejercicios anteriores”, como era el caso. En la misma línea, destaca que “no hizo un adecuado uso” de los planes integrales de empleo en Canarias para “cubrir la plaza vacante de auxiliar administrativo”.

El Ayuntamiento de La Villa se enfrenta a una reclamación económica de 30.000 euros

La trabajadora afectada subraya el “perjuicio económico” que le ha causado el Ayuntamiento y reclama una indemnización que asciende a 30.000 euros, “correspondientes a las mensualidades dejadas de percibir como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Teguise, así como las pagas extras”.

El Consejo Consultivo avala su derecho a ser indemnizada salvo por las nóminas “que le hubiesen correspondido de no haber renunciado el trabajo en la empresa privada”, que dejó en su momento por el Ayuntamiento, al entender que fue una decisión “voluntaria”.