La sentencia firme del caso La Bufona ha tardado 17 años desde que comenzaron las obras de las casas y desde que se denunciaron los hechos. El fallo, sin apelación posible, condena al promotor y al constructor a penas bajas de cárcel y a multas aún más bajas, pero también los condena a pagar de su bolsillo la demolición una parte de 14 casas, de la franja que se encuentra en suelo rústico de protección de jable. La duda, como siempre en estos casos, es si se acabará demoliendo o no.

Si se atiende a la sentencia no hay duda: “La demolición acordada debe mantenerse, fundamentalmente porque las obras realizadas (...) no son susceptibles de legalización habida cuenta de la calificación del suelo en que se asientan. La obra está completamente fuera de la ordenación y a tal infracción penal se ha añadido un delito de desobediencia”.

Este caso es diferente a otros en los que ha habido órdenes de demolición que no se han llevado a cabo. Se trata de un caso penal, no administrativo, y el condenado a la demolición no es un ayuntamiento, son los promotores.

¿Cuál es el papel de los propietarios? En 17 años de procedimiento estuvieron ajenos al mismo. Sólo fueron llamados a declarar como testigos en el juicio y declararon prácticamente lo mismo: que compraron las casas tal cual están, con la parcela cerrada y que después hicieron las piscinas, las pérgolas o más habitaciones. Casi todos sin licencia. No se les pasó el IBI durante ocho años y no saben por qué hay tanta diferencia en las dimensiones de la casa entre la realidad, el registro y el catastro.

El fiscal Miguel Pallarés, propietario de una de las viviendas, declaró: “Aún no se me ha producido ningún daño, no hay perjuicio alguno”. Ahora sí. Si les derriban la casa, evidentemente serán perjudicados y podrán intentar exigir daños y perjuicios, o bien a los promotores o bien el Ayuntamiento o a ambos.

En el primer caso, han dejado pasar un proceso penal para hacerlo y la sentencia los absuelve del delito de estafa. “Lo que aparentemente pudo producirse por parte de los acusados fue una ocultación de información, a saber, que parte de la parcela donde se edificaban las construcciones estaba enclavada en suelo rústico de especial protección”, dice el fallo.

La sentencia firme de La Bufona no deja lugar a dudas sobre el futuro de la parte de las casas que hay en suelo rústico: la demolición, pero mantiene los interrogantes sobre el resto de las viviendas

En el segundo, a pesar de que es evidente que las irregularidades no se pudieron llevar a cabo sin la connivencia de alguien del Ayuntamiento, tampoco acusaron a la ex alcaldesa ni al ex secretario cuando estuvieron imputados. Muchos de los vecinos escogieron a la misma abogada que la promotora de sus casas, hija del ex secretario municipal.

¿Y qué pasa con el resto del plan parcial? En realidad, todas las casas de La Bufona están fuera de ordenación, pero la mayoría está en suelo urbanizable o urbano. Los promotores no hicieron las cesiones obligatorias, construyeron en viales y zonas verdes, aumentaron la edificabilidad y la superficie máxima de las casas en contra de la normativa urbanística y tampoco hicieron el acceso por carretera. Se lo vendieron a una empresa, a la que ahora se lo reclama el Gobierno de Canarias.

El Plan General podría contemplar un nuevo plan parcial, si se subsanan todas las irregularidades o dejar todas las casas fuera de ordenación y dejarlas en el limbo.