El juicio por la concesión, hace diez años, de dos licencias para construir 66 chalés en el plan parcial Playa Blanca (Yaiza) a sociedades relacionadas con el ex presidente del Cabildo de Lanzarote y ex concejal del Ayuntamiento de Arrecife, Pedro de Armas, ha quedado visto para sentencia.

La Fiscalía y la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, no han cambiado su petición, y solicitan dos años de prisión por prevaricación urbanística para los tres acusados: el ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, el jefe de la Oficina técnica, Antonio Lorenzo, y el ex alcalde José Francisco Reyes. Las defensas solicitan la absolución.

La vista oral, en el Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife, presidida por la juez Margarita Gómez, se alargó durante más de cinco horas. Las preguntas y respuestas de gran parte de ese tiempo se centraron en intentar demostrar si, en el momento de concesión de las dos licencias (2005 y 2006), se podían o no otorgar permisos de obra en ese plan parcial.

Tanto el plan parcial como el proyecto de ejecución como todas las licencias que otorgó el Ayuntamiento de Yaiza en esos terrenos están anulados en firme por la Justicia, pero no lo estaban en el momento de los hechos.

En todo caso, la acusación considera que las licencias se otorgaron sin respetar el procedimiento legal, y que tanto el informe técnico, de Lorenzo, como el informe jurídico, de Fuentes, no reunían los requisitos legales necesarios para otorgar las licencias.

En una de las licencias, todo el expediente, tanto los informes como la resolución e incluso la notificación al interesado, se evacuó en el mismo día.

Reyes no declara

Reyes se acogió a su derecho a no declarar, mientras que Lorenzo y Vicente Bartolomé sí lo hicieron. Tras ellos declararon cinco peritos: Leopoldo Díaz y Esteban Armas, que pertenecían a la Oficina del Plan Insular del Cabildo; y por videoconferencia lo hicieron Elisa Perdomo y Lucía Sánchez, técnicos del Gobierno de Canarias, de la Agencia de protección del medio y de la Cotmac.

Finalmente, prestó declaración el abogado Ignacio Díaz de Aguilar, que representó a la Junta de compensación del plan parcial.