Finalmente será la Audiencia de Cuentas de Canarias la que tenga que hacer una auditoría sobre los expedientes relacionados con cuatro empresas que contrataron con el Ayuntamiento de Arrecife: Estudio de arquitectura La Palmita, del empresario Antonio Gómez Ruiz, Construcciones Reina, Infogelanz, del empresario Jesús Manuel Martín Brito y Canary Island Publications, que edita la revista Viva Lanzarote.

La cantidad que está bajo sospecha es de casi 300.000 euros en el caso de la primera, de 84.000 para Construcciones Reina y de 1,3 millones en el caso de Infogelanz. Todos los contratos se hicieron entre 2007 y 2009.

Los cuatro expedientes están del caso Unión y la nueva juez titular, Silvia Muñoz, ha solicitado a través de una providencia fechada el pasado 6 de noviembre a dicha Audiencia que realice una prueba pericial para aclarar si se ha respetado la legalidad administrativa en esos contratos.

La Fiscalía pidió en febrero de 2012 que se realizara ese informe, pero tanto la Intervención General del Estado como la de la Comunidad Autónoma se negaron por considerar que el cometido excedía de sus competencias o que no disponían de medios suficientes, así que se iniciaron los trámites, a principios de 2013, para encargar la auditoría a una consultora de Fuerteventura.

Finalmente se ha pedido a la Audiencia de Cuentas, que deberá informar sobre si hay deficiencia en esos contratos en la fiscalización por parte del Interventor, el concejal de hacienda u otros funcionarios, si ha habido fraccionamientos irregulares para eludir los requisitos de publicidad o adjudicación, si había partida presupuestaria, si estaban bien definidos los criterios para la adjudicación, etc.

En el caso de Infogelanz, tanto el concejal José Miguel Rodríguez como el administrador Jesús Manuel Martín Brito admitieron haber recibido y entregado, respectivamente, comisiones ilegales para obtener contratos y se sospecha que participaron también los ediles Ubaldo Becerra, Antonio Machín y Luisa Blanco.

También confesó el pago de comisiones para el PIL el empresario Antonio Gómez, que habrá pagado una comisión de unos 20.000 euros para poder cobrar los servicios que ya había prestado y la investigación también considera que hay indicios de que el responsable de Construcciones Reina pudo pagar para que se le agilizasen sus facturas en el Ayuntamiento y de que Antonio Machín pudo convenir comisiones con la editora de la revista mediante publicidad.