Inalsa no se ha aplicado el refrán de “más vale un mal arreglo que un mal pleito”. En la batalla judicial de los últimos siete años para evitar una indemnización a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de 9,3 millones de euros más intereses por una planta desaladora que se iba a instalar en Janubio (Yaiza) y que no se llegó a terminar, Insular de Aguas de Lanzarote abrió diversos procedimientos que ha ido perdiendo. Las condenas en costas aprobadas por resoluciones judiciales firmes suman más de un millón de euros. No han trascendido datos del coste de la defensa jurídica de la propia empresa pública.

El laudo de la corte de arbitraje que dio la razón a FCC por el incumplimiento del contrato de la desaladora, adjudicada en 2001 por Inalsa, en aquel momento en manos de PSOE y PIL, supuso 127.979 euros de costas a favor de FCC y otros 119.949 para el árbitro, que luego la propia corte, de la Cámara de Comercio de Las Palmas, redujo a 35.429,62 euros.

Entonces, la empresa pública recurrió ante la Audiencia Provincial pidiendo la nulidad del laudo. Al perder el recurso fue condenada a 179.989,3 euros, a los que habría que añadir otros 49.362,24 euros de costas de un incidente contra la sentencia de la Audiencia.

Hasta la entrada de Inalsa en concurso de acreedores en 2009, la ejecución del laudo se llevó a cabo en el Juzgado número 13 de Las Palmas. Las costas de la ejecución judicial alcanzaron los 300.330,45 euros.

La empresa pública se opuso en primera instancia a la ejecución del laudo, y fue condenada a 224.824,86 euros en costas. Se opuso a la ejecución del laudo en segunda instancia y fue condenada a otros 140.414,74 euros.

Vía penal a pesar de certificar la deuda

FCC amenazó a los actuales miembros del Consorcio del Agua (Cabildos y ayuntamientos), propietario de Inalsa, con emprender acciones penales por supuestos delitos de “estafa procesal” y “alzamiento de bienes” por no entregar el certificado que acredita lo que debe abonar la empresa pública a la constructora.

El juez de lo mercantil que ha llevado el concurso de acreedores de Inalsa ha insistido en que “lo que se pactó y quedó grabado fue la entrega de las certificaciones” a FCC, a pesar de que ambas empresas tengan pleitos abiertos que a juicio de la empresa pública pueden varias la cuantía de la deuda. A pesar de que Inalsa cumpla con el mandato judicial, FCC no descarta acciones por la vía penal contra los administradores del Consorcio y de Inalsa.

El anuncio del presidente Pedro San Ginés de que había en torno a tres millones en las cuentas de Eólicas de Lanzarote, que gestiona el parque de Los Valles, cuyo propietario mayoritario es Inalsa, puede desencadenar nuevas acciones legales, por cuanto las fuentes consultadas entienden que esos beneficios a los que tenía derecho la empresa pública fueron “ocultados” en el concurso de acreedores seguido en el Juzgado de lo mercantil.

Debate en el Consorcio del Agua

El Consorcio del Agua tiene previsto debatir este jueves las consecuencias del auto del juez de lo mercantil en el que se insta a que se certifique la deuda a FCC y Aguas Filtradas, así como aprobar posteriormente el pago de esa deuda como se ha hecho con el resto de acreedores.

Otro de los puntos a debate en el Consorcio es la aprobación de un acuerdo entre Aguas Filtradas, Inalsa y el Consorcio por el que la empresa renuncia a apelar sobre la nulidad de su contrato con Inalsa y también renuncia a una indemnización de dos millones de euros que había solicitado por la rescisión de ese contrato y su asunción por parte de Canal de Isabel II.

El Consorcio reconoce la deuda finalmente en 7,6 millones y las costas de los procedimientos las pagará Aguas Filtradas. El Consorcio presentará un informe del letrado Ignacio Calatayud que señala que el acuerdo es beneficioso para Inalsa aunque no especifica qué cantidad se ahorraría la empresa de aguas.