Hace dos años, la Autoridad Portuaria de Las Palmas comenzó a recuperar para el dominio público y el uso portuario los terrenos junto a la Disa, en Arrecife, frente al Telamón, el barco maderero que hundió a principios de los años ochenta. En esos terrenos se habían ido levantando varias casas, la mayoría chabolas, de forma irregular y dentro de la zona de servidumbre, pegadas a la marea. Todas eran ilegales, o al menos no contaban con escrituras de propiedad. Todas menos una.

La Caja Insular de Ahorros de Canarias era titular de una de las casas que había obtenido por un embargo y la tenía inscrita como propiedad suya en el Registro de la Propiedad de Arrecife, a pesar de que estaba en zona de dominio público marítimo terrestre. Se la vendió a Pepe Díaz, que entonces trabajaba como depositario de la Caja de Ahorros.

Se hizo el correspondiente contrato privado de la compraventa pero cuando Díaz fue a registrar la casa no pudo. Y lo que no se explica es cómo pudo inscribir La Caja (ahora Bankia) la casa a su nombre y él no.

El caso es que incluso en la escritura de la casa aparece que se encuentra en zona urbana y también referencia catastral, aunque el catastro no había informado al Ayuntamiento de la existencia de la casa, sino que tuvo que hacerlo el propietario, que hace poco tiempo recibió una carta que le anunciaba que debía pagar el impuesto de bienes inmuebles.

Los años fueron pasando con esos inconvenientes pero sin más problemas. Díaz no vive en esa casa, no es su residencia habitual. Pero de repente la Autoridad Portuaria de Las Palmas decide recuperar esa zona y tirar la casa, junto con las demás.

La única que queda ya en pie es la suya y resulta que aunque no está registrada a su nombre es a él a quien le envían los requerimientos para el desalojo, al que se opuso, aunque ha acabado perdiendo la batalla judicial y recientemente le llegó la notificación de que el Juzgado ya ha autorizado a la Autoridad Portuaria a derribar el inmueble.

Díaz señala que tiene pensado ponerse en huelga de hambre para reclamar la casa o una indemnización si se la derriban y va a denunciar tanto al Registro de la propiedad, que permitió hace años que se inscribiera una casa que, aparentemente, no podía ser inscrita, y a Bankia por venderle una casa que no puede poner a su nombre.

Para la Fiscalía, venta nula.

Díaz denunció el caso en la Fiscalía, que no apreció “hecho delictivo” pero sí que dejó claro que si se consuma el desahucio y derribo del inmueble por encontrarse en zona de dominio público, “la venta realizada por La Caja sería nula” al estar “fuera del comercio” los terrenos “comprendidos en la zona marítimo terrestre” y cabría una demanda judicial.