La bodega Stratvs se enfrenta a su posible cierre al no contar con un permiso que avale que lo que se ha construido coincide con lo que se autorizó. El permiso se solicitó para rehabilitar una vivienda de menos de 200 metros cuadrados y un almacén bodega de 900 metros, pero según el informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), la superficie construida ronda los 13.000 metros, contando la zona de aparcamientos, la bodega, el restaurante y una serie de edificios auxiliares.

En el procedimiento penal que se sigue contra el promotor, el arquitecto y técnicos y cargos públicos del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza, la asociación Transparencia Urbanística, que ejerce la acusación popular, destaca  que “la carencia absoluta de habilitación legal para su construcción y puesta en funcionamiento, la alarma social generada ante las evidencias de trato de favor y de desigualdad en la aplicación de la ley y la patente contradicción entre la demolición inmediata de construcciones en La Geria, incluso viviendas de primera necesidad, y la permanencia de construcciones, usos y actividades clamorosamente ilegales impiden una relajación del juzgado penal al respecto del cierre definitivo de la bodega Stratus”.

La asociación cree que no se puede limitar el cierre a una de la partes de la bodega, como ha hecho el Ayuntamiento iniciando la clausura del restaurante, porque la bodega es “un cuerpo único e indivisible” y porque además, toda la edificación está en una ubicación no autorizada, incumpliendo todos los parámetros edificatorios de aplicación, como superficie construida, altura o volumen.

Es decir, que lo que se autorizó, según la Fiscalía y los denunciantes, no se podía haber autorizado. A su juicio, tampoco se respetó el permiso y se edificó mucho más de lo autorizado y en otro lugar distinto: “El promotor no ha respetado ninguna de las condiciones establecidas en la autorización, porque, según sabemos ahora, la vivienda proyectada no fue objeto de restauración, sino que fue demolida pese a su valor etnográfico, levantando en su lugar otra construcción de nueva planta, y de dimensiones aparentemente superiores; y el almacén-bodega fue transformado, no solo en sus dimensiones y características, sino incluso en su ubicación, añadiendo además una multitud de construcciones e instalaciones no contempladas en el proyecto originario que sirvió de base al otorgamiento de la autorización administrativa”, señalan los denunciantes.

Pero eso no es todo. Los promotores ni siquiera son los propietarios de todos los terrenos donde se levanta la bodega. Así lo reconoció el empresario Juan Francisco Rosa en su declaración judicial. Rosa adquirió aproximadamente el 85 por ciento de los terrenos, pero el resto, una sexta parte, pertenece a la familia Negrín. Varios miembros de esta familia, que recibieron el terreno (con una parte de la casa que existía) como herencia, declararon en los Juzgados que nadie se dirigió a ellos para comprarles el suelo. Según el promotor, tenía “permiso verbal” de uno de los hermanos, que falleció. “Dijo que no había ningún problema, fiándose de su palabra de que no tenía inconveniente de que empezase a trabajar”, señala la trascripción de la declaración en el Juzgado.

Dos de los herederos, cuando se enteraron de las obras, acabaron reuniéndose con el empresario y éste les ofreció primero acciones de la bodega y después entre 3.000 y 4.000 euros en pagarés y la posibilidad de celebrar una boda en ese lugar. Los herederos no aceptaron y se plantearon poner una demanda pero no lo hicieron por la cuantía del procedimiento, aunque ahora sí están personados en la causa penal.

Imputado un técnico que dio el visto bueno en el Catastro a cambiar la titularidad de una finca

Pese a que una de las fincas no es suya,  en mayo de este año el Ayuntamiento de Yaiza catastró a nombre de BTL, empresa vinculada a Stratvs, la finca de los Negrín. El técnico que llevó a cabo ese cambio también está imputado. Hay otra irregularidad más que investiga el Juzgado. El promotor puso como garantía una finca (donde se supone que se asienta la bodega) para afrontar una deuda con Hacienda y con el Ayuntamiento de Yaiza que tiene el Hotel Princesa Yaiza (participado por BTL), pero sin embargo en esa finca no se encuentra la bodega, que está construida en la finca de al lado, así que se investiga si se intentó simular en la notaría que la bodega estaba en esa finca para garantizar la deuda.