Lo de la vivienda va camino de convertirse en un problema irresoluble. No hay casas. Mejor dicho: no hay casas en el mercado. O más cierto aún: no hay casas en el mercado de alquiler a un precio acorde con los sueldos que se cobran.

La vivienda no es cualquier bien. El artículo 47 de la Constitución fija el derecho a una vivienda digna y adecuada y habla de regulación y de impedir la especulación. “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

No consiste solo en participar en el mercado cediendo suelo para construir vivienda. El precio del suelo y la subida de los materiales no hace atractiva la vivienda social. Y no es una solución inmediata. Se trata de intervenir de manera decisiva. Es un problema complejo, así que no basta con una sola intervención.

Hay que estudiar cómo poner medidas para que no haya viviendas vacías (en Arrecife hay cientos), dificultar la vivienda vacacional, comprar edificios, limitar la venta a no residentes (lo plantea Baleares) y ofrecer garantías a los arrendadores. Algunas medidas son posibles ya y para otras hay que buscar el marco jurídico. Ámsterdam, por ejemplo, impide alquilar una vivienda en los primeros cuatro años tras su compra.

La función de un cargo público es afrontar los problemas más importantes en su territorio, no limitarse a sus competencias. Si no las tiene, sí tiene capacidad de influencia en otras instituciones. Tampoco tienen competencias en inmigración y eso no les impide plantear mociones y hacer declaraciones altisonantes. Ni había competencias en permisos sobre hidrocarburos.

Lo de comprometerse a defender los intereses de Lanzarote se tiene que tomar a pie de la letra. Pero los intereses de Lanzarote son los intereses de sus ciudadanos. De momento, no parece que nadie se interese en serio por este problema y es un problema sangrante, básico y urgente que, si no se aborda pronto, va a seguir empeorando.