Pues al final en Playa Blanca ha acabado pasando lo que se sabía que iba a pasar con el modelo que se eligió y que defendieron los propios hoteleros cuando además eran promotores. Muchos hoteles y pocas viviendas dan como resultado que los trabajadores tengan que vivir fuera y tengan que trasladarse cada día. Y ahora no hay transporte público para todos.

El Ayuntamiento se ha reunido con los hoteleros y estos le han trasladado que “el problema del transporte también repercute, y mucho, en la movilidad laboral”. Efectivamente. Se acaban de dar cuenta, de repente, de que hace falta planificación y servicios públicos para que las cosas funcionen.

No consta que hablaran en esa reunión de cumplir escrupulosamente con la legislación urbanística. Algunos de esos hoteles aún no tienen licencia y no la van a tener. Otros incumplen el propio plan parcial que aprobaron ellos mimos. Algunos, incluso, ocupan zonas verdes que no les corresponden. Otros muchos no han terminado la urbanización que les tocaba terminar. Todo eso repercute negativamente en las arcas públicas. Se podrían exigir unos a otros el cumplimiento estricto de la legalidad.

Se supone que las asociaciones empresariales, y los hoteleros tienen alguna, sirven para buscar soluciones comunes a los problemas comunes, no solo para tener una voz única con la que pedir algo a la Administración. Y si hay un problema excepcional se busca una solución excepcional.

Los hoteleros podrían unirse para organizar un servicio de transporte de los trabajadores que trabajan en sus hoteles. Es un problema que les atañe a ellos mismos y que pueden solucionar ellos mismos. Quizá piensen que el mercado se regula solo (lo decían para construir los hoteles) pero resulta que los trabajadores, que son una parte muy importante del mercado, no se teletransportan.

Y resulta que, si por casualidad, la legislación no lo permite, pues se pide que se cambie la ley, que para eso ya tienen experiencia.