El interventor alegó en un juicio anterior que encargaba los pliegos de condiciones para sacar a concurso distintos suministros por la falta de personal en el departamento. Una concejal de Deportes, hace años, decía que no se pagaba a la empresa que gestionaba la piscina porque no había un técnico en el área que revisara las facturas. Eso sí, había un asesor. El Plan General se redacta fuera porque no hay técnicos. Cada vez se externalizan más servicios porque no se pueden llevar a cabo con el personal municipal. En 2016, la concejal de Recursos Humanos justificaba movimientos de personal entre áreas para no paralizar el Ayuntamiento por la falta de técnicos en áreas como Contratación o Aperturas e Infracciones. Años después, en esa misma área, la concejal de turno decía que se habían dejado caducar numerosas sanciones por falta de técnicos. Las subvenciones para hacer proyectos culturales se dejaron de sacar porque no había ningún trabajador que las pudiera tramitar. La Policía Local reconoce que no puede acudir, en ocasiones, a dos llamadas a la vez, porque solo hay una patrulla de guardia. Durante la vista oral del caso Montecarlo, hasta tres concejales han alegado que no tenían técnicos en sus departamentos: Turismo, Festejos y Hacienda.

Cabe preguntarse si en el Ayuntamiento de Arrecife hay trabajadores, pero como es obvio que los hay, el misterio está en saber en qué concejalía trabajan.

Y después está lo de los concejales y asesores. Otro misterio. ¿Qué hacen en esas áreas donde no hay técnicos? ¿Cómo se justifican esas liberaciones si no hay nadie a quien coordinar? ¿Cómo es posible, como han dicho varios en el juicio que se celebra estos días, que no miraran lo que firmaban o que no repararan en una carta de advertencia sobre las irregularidades porque tenían mucho trabajo y muchos expedientes que comprobar?

En la causa de Montecarlo, tengan o no responsabilidad penal los acusados, queda clara una cosa. En el mejor de los casos, fallaron (y puede que el pasado sobre) todos los controles. O puede que no fallaran, sino que no existan esos controles. Si algo queda claro es que nadie comprobaba que los trabajos que se facturaban se parecían en algo a los que se habían contratado. Y así, se depende de la buena fe de quien hace el trabajo que, por una norma no escrita, tiene por costumbre inflar el precio si se trata de trabajar para la Administración. Total, si nadie lo mira...