El Gobierno de Canarias tramita en la actualidad la elaboración de cuatro proyectos de carreteras en Lanzarote, el más polémico el de una nueva autovía por suelo rústico de protección natural que circunvalaría la zona industrial y comercial de Playa Honda, por un lado, y la parte oeste del barrio de Argana, por otro.

Este mes de febrero se empezarán a analizar las propuestas recibidas en la licitación, que los ecologistas han exigido que se paralice. De salir adelante, sería una vía de “alta capacidad”, con seis carriles de ancho a lo largo de más de ocho kilómetros de nuevo trazado que arrasaría suelo virgen, con protección natural por paso de jable y por su valor paisajístico, y que emerge como la intervención de mayor impacto para el medio ambiente y el paisaje de Lanzarote que está sobre la mesa. Estas son las principales claves:

Sin planificación. En el informe de la Consejería regional de Obras Públicas con el que se pretende justificar la licitación del proyecto de nueva autovía se reconoce que el Plan Insular de Ordenación (PIO) en vigor “no contempla” nuevas carreteras entre el Aeropuerto César Manrique y Arrecife. Sin embargo, se apoya en que en el documento de aprobación inicial de la revisión del PIO que se contrató al urbanista José María Ezquiaga, y que nunca se llegó a aprobar, se dibuja una circunvalación de Playa Honda.

“El nuevo Plan Insular de Ordenación de la isla de Lanzarote”, añade el departamento que dirige el socialista Sebastián Franquis, “no está todavía en vigor”. Ni está en vigor ni lo estará a corto plazo: el Plan de Ezquiaga fue enterrado el año pasado por el Cabildo, que argumentó que partía de un “diagnóstico obsoleto y alejado de la realidad actual de la Isla”, y no se ha encargado uno nuevo.

No obstante, la pretensión de circunvalar Playa Honda con una nueva autovía no es nueva: en 2007, el Gobierno regional ya había elaborado un anteproyecto, y la futura vía rápida se incluyó en el convenio de carreteras entre Canarias y el Estado.

Aunque el foco se ha puesto en Playa Honda, en realidad lo que se plantea afecta de lleno al municipio de Arrecife: de los alrededor de ocho kilómetros de autovía por suelo rústico de protección natural que el Ejecutivo autonómico contempla construir, más de tres kilómetros discurrirían por el municipio capitalino.

El Plan de San Bartolomé rechaza obstáculos que impidan el movimiento de jable

La autovía, de ejecutarse, partiría desde las inmediaciones del aeropuerto, atravesaría la zona industrial de Playa Honda, en un espacio en el que ahora hay un grupo de naves en explotación, circunvalaría el polígono y se adentraría en el municipio de Arrecife, de forma paralela a la actual LZ-2. A la altura de la urbanización de La Bufona se abrirían tres ramales: uno hacia la costa para enganchar con la Circunvalación de Arrecife, otro continuaría hacia la misma Circunvalación, a la altura de las Maretas, y otro se dirigiría, por el exterior de Argana, en dirección a la carretera que conecta la capital con San Bartolomé.

Sin debate. Las condiciones que pide la Consejería de Obras Públicas a la consultora que elabore el proyecto de la nueva autovía, por 1,5 millones de euros, es que diseñe una carretera de “un mínimo” de dos carriles por sentido, pero ya se adelanta que lo “previsible” será que cuente con un total de seis carriles, de tres metros y medio de ancho cada uno, y, de hecho, en las bases de la licitación se considera “preferible la sección de tres carriles” en cada dirección.

En un estudio previo, se estimó que la alternativa defendida por la Consejería de Franquis supondría la eliminación de 345.800 metros cuadrados de suelo rústico y otros 35.930 metros cuadrados de suelo urbano, con un coste de expropiación de 17,4 millones de euros. La alternativa del soterramiento del tramo de la LZ-2 a su paso por Playa Honda recibía mejor puntuación medioambiental (11,6), mientras que la elegida por el Gobierno “es la peor valorada ambientalmente”, con un 8,4.

En el apartado socioeconómico también se imponía el soterramiento: 37 frente a 36. Solo en el apartado económico sacaba ventaja la nueva autovía (16,8 frente a 12). Sin embargo, según el mismo estudio previo, el soterramiento costaría menos de 60 millones de euros y la autovía exterior más de 75 millones de euros. Y se ha denunciado públicamente que se cambió el baremo en el análisis que comparaba el soterramiento con la autovía, reduciendo el peso de la valoración ambiental. Este estudio lleva la firma de José Francisco Henríquez, que fue consejero regional de Política Territorial con el PSOE.

En el informe de Obras Públicas para la licitación del proyecto se apunta que es “conveniente al interés público que la solución que finalmente se adopte sea consensuada con el Cabildo de Lanzarote y con las corporaciones locales afectadas”, y cita Arrecife, San Bartolomé y Tías, si bien la práctica totalidad de la intervención discurriría por los dos primeros municipios.

En el pasado, el Ayuntamiento de San Bartolomé demandó que se estudiase la opción del soterramiento. En febrero de 2020, en declaraciones a Diario de Lanzarote, el entonces alcalde, Alexis Tejera, defendía abiertamente soterrar un tramo de la LZ-2. Una autovía exterior, como la que ahora ha salido a licitación, supondría “abrir otra herida en el territorio”, “más consumo de suelo” e ir en contra de la “filosofía de la Isla”.

Recientemente, en el Ayuntamiento de San Bartolomé, al margen de alguna iniciativa de la oposición, no se ha debatido sobre estas infraestructuras clave para el municipio. Tampoco en el Cabildo, salvo en una sesión del Consejo de la Biosfera, en julio pasado, en la que no se tomó ningún acuerdo, con la presencia del director general de Carreteras, José Luis Delgado.

Alcogida denuncia el “desprecio absoluto” al territorio, “que se pretende asfaltar”

Al mes siguiente, Delgado inició el expediente de la autovía exterior, tomando como base la citada comparativa entre soterramiento y corredor por suelo rústico, con una baremación puesta en tela de juicio.

En el Ayuntamiento de Arrecife tampoco se ha debatido sobre el impacto que tendría la nueva autovía y sus ramales en suelo rústico protegido, ni tampoco si solucionaría la movilidad y los accesos al Hospital Doctor José Molina Orosa, que es una de las justificaciones que ha dado el Gobierno regional para acometer el proyecto.

Con polémica. El Gobierno de Canarias está apostando por el soterramiento en áreas urbanas del Archipiélago: en diciembre adjudicó por 95 millones de euros un proyecto así en Adeje, para enterrar la autopista TF-1 y habilitar zonas peatonales y jardines en la superficie.

Sin embargo, en la propia licitación del proyecto en Lanzarote, de la que ya ha avanzado que se denominaría autovía LZ-5, la Consejería de Obras Públicas reconoce como “inconvenientes” que el nuevo corredor “exige una ocupación nueva de territorio”, que “afecta a una unidad de ejecución de uso industrial en Playa Honda” y que “mantiene la LZ2 en superficie produciendo un efecto pantalla” en la localidad, por donde ahora circulan unos 65.000 vehículos al día.

En el caso de Playa Honda se da la circunstancia, además, de que el planeamiento municipal de San Bartolomé destaca sobre el suelo rústico protegido que arrasaría la autovía que “es fundamental preservar el proceso de transporte natural de jable desde la bahía de Penedo (en Famara) hasta la costa de Guacimeta”.

El planeamiento de San Bartolomé rechaza “instalaciones públicas o privadas” o “cualquier otro obstáculo permanente que impida el movimiento natural de la arena empujada por los vientos alisios”. Quienes se oponen a la futura autovía también esgrimen que la Ley del Suelo de Canarias establece como principio el “uso racional de los recursos naturales, especialmente el suelo”, y que los “criterios y determinaciones ambientales prevalezcan sobre los demás”. También interpretan que solo sería posible un proyecto como este, que afecta a suelo rústico de protección, si no existiera alternativa “viable”, pero en este caso la hay. Las voces críticas contra la creación de la autovía se están empezando a oír en la Isla.

Los colectivos demandan un “debate público” sobre los proyectos de carreteras

La plataforma medioambiental Alcogida, que engloba a colectivos conservacionistas, rechaza de forma rotunda el proyecto. “Apostamos”, argumentan, “por un modelo de desarrollo que ponga en el centro de atención la conservación del territorio”, sin olvidar que “el paisaje es, sin duda alguna, uno de nuestros principales activos”.

En visitas a la zona, los miembros de Alcogida aseguran haber avistado “diferentes especies protegidas como la hubara canaria, el alcaraván o el cuervo canario”. Censuran el “desprecio absoluto a la Ley y a la protección del territorio, que se pretende asfaltar”, y demandan “un periodo de debate público en el que puedan participar todos los ciudadanos y colectivos interesados”.

El trazado de la autovía por suelo rústico