Se ha quejado el presidente del Cabildo de que se presente en Lanzarote la Plataforma contra la Ley del Suelo en campaña electoral. Dice que es un acto electoralista e inoportuno. En el acto de presentación ya lo había aclarado el secretario insular de CC.OO en Gran Canaria, Antonio Pérez. Dijo que se presenta en estos momentos precisamente porque estamos en campaña electoral y es en campaña electoral cuando los partidos deben decir qué quieren hacer con su territorio. Confunde San Ginés, otra vez, política y partidismo. Y llama la atención que hable de electoralismo cuando airea ahora un informe de los servicios jurídicos del Cabido que dice que una moción de Podemos, de hace cinco meses, es contraria a la Ley. Pero llama aún más la atención que diga que comparte "el objetivo o las bondades" de la moción  y no se haya apresurado a encargar un informe externo para contrarrestar el del Cabildo.

El PSOE no apoya a la Plataforma contra la Ley del suelo. Ni apoyo explícito, ni de perfil, ni nada. No es una cuestión interpretativa. Una cosa es que su secretaria insular y la alcaldesa de Arrecife asistan a esa presentación y otra que estén en contra de la Ley. El PSOE se pondrá en contra de la Ley al día siguiente de que CC decida prescindir de sus servicios en el Gobierno. Mientras tanto seguirá siendo tibio, ambiguo y posibilista. Ya se sabe, es un partido de gobierno, aunque no se sepa para qué quiere seguir siéndolo. Antes del comienzo del acto, se invitó a todos los asistentes a que se hicieran una foto tras la pancarta para evidenciar los apoyos con que cuenta la Plataforma. En la foto no sale nadie del PSOE, cuya intención es maquillar la Ley en el trámite parlamentario. Lo dijo durante el acto Faustino García Márquez: "Esto no se arregla con cosmética ni con el trámite parlamentario sino retirando el anteproyecto".

El contenido del borrador del anteproyecto de Ley del Suelo no tiene desperdicio. Se intenta repetir una serie de mantras a favor de la Ley que no se sostienen porque el documento, tal y como está, supone que van a ser los ayuntamientos quienes tengan todo el poder urbanístico, que se van a poder aprobar toda clase de proyectos, incluso en suelo rústico, por interés general, es decir, por el interés del alcalde de turno y sus respectivas presiones. "Con estos instrumentos se puede hacer lo que se quiera, no se necesita ni el Plan General ni un Plan Insular", se dijo durante el acto.

Dice el Gobierno que ha habido participación ciudadana y, de forma paralela, quiere aprobar la Ley más importante para el futuro del Archipiélago en sólo unos meses, partiendo de un texto escrito por una serie de juristas al servicio del empresariado y con un periodo de alegaciones de un mes. Mientras tanto, el Gobierno vasco ha anunciado tres años de participación ciudadana para sus nuevas Directrices del territorio.

Ya se sabe que quienes se oponen a la Ley no es que se opongan sólo a la Ley. Es que están en contra de cualquier tipo de avance, de mejora o de inversión. Tiene una maldad intrínseca porque les parece mal que se gane dinero y se invierta por el bien de la sociedad y la creación de empleo. Menos mal que durante todos estos años ha habido unos esforzados empresarios que han sorteado todos los problemas y han llevado a cabo esas inversiones arriesgando su patrimonio y hasta su vida para crear esta sociedad insular que ahora tenemos, con estos niveles de paro, desigualdad y precariedad laboral que se van a terminar ya aplicando milagrosamente la misma receta que se ha aplicado hasta ahora, porque aún queda suelo que se puede comprar barato y transformarlo para que se convierta en caro.