La justicia es una cosa muy seria aunque a veces sea de risa o den ganas de llorar. La administración de justicia en Canarias, además, tiene los recursos que tiene, que no son muchos, sobre todo para abordar investigaciones que requieren de mucho tiempo y especialización. Ya se sabe: si los Juzgados se ocupan de lo superfluo no atienden a lo importante.

Desde hace años se está intentando que la mediación reduzca el número de casos que llegan al Juzgado pero este mensaje no está llegando a la política, cada vez más llena de incompetentes que, a pesar de que son elegidos para solucionar problemas, acaban derivándolos a la Justicia para que sea ella quien decida. Eso sí, inmediatamente después de hacerlo, dicen que la justicia está politizada o que la política está judicializada. Da la impresión de que muchos no saben, o no quieren saber, lo que está bien o mal hasta que no lo dice un juez.

El consejero delegado de los Centros de arte, cultura y turismo, José Juan Lorenzo, no es de estos. Él solito se acaba de dar cuenta de algo que estaba mal antes de que se lo dijera el Juzgado. El hombre lleva un año para enmarcar. Primero fue incapaz de evitar una huelga cuyo origen tiene que ver también con el incumplimiento de sentencias judiciales favorables a los trabajadores, después fue incapaz de terminar con ella pero sí fue capaz de incendiarla más, y por último, cuando la oposición sumó más que el grupo de gobierno y le ordenó que aplicara unas medidas o dimitiera, en lugar de marcharse, se sintió acosado y fue a los Juzgados a denunciar a todos los consejeros de la oposición por coacciones y amenazas.

Pero de repente, este profesional independiente no cercano a Coalición Canaria, que presentó la denuncia por iniciativa personal, ha visto la luz. Se ha dado cuenta de que donde veía coacciones sólo estaba instalado el ejercicio de la política y donde encontró amenazas en realidad eran peticiones.

Esto último es una interpretación libre, a falta de una explicación pública, ya que el consejero delegado debe estar ahora un poco más ocupado que en octubre, cuando presentó la denuncia y sí tuvo un ratillo para llamar a la prensa y explicar sus razones. A lo mejor (¡atención!, interpretación libre) es que, como antes, la decisión no es personal, pero es más difícil encontrar una justificación.

Cuando puso la denuncia dijo que "cuando se obliga a terceros con coacción y amenazas a que ejecuten acciones ilegales se han cruzado todas las líneas rojas" y que por tanto, por la postura de los consejeros de la oposición "solo cabe cometer un delito a sabiendas de que lo es u optar por solicitar el amparo de la justicia, que es por lo que he optado".

El Paseo es un espacio de servicio público y ofrece aquí, sin interés ninguno, una posible justificación para esta curiosa actitud del consejero delgado. Ahí va: como ahora ese partido al que no pertenece va a pactar con el PP en el Cabildo y los consejeros populares no le van a obligar a cometer un delito, pues ya no necesita el amparo de la justicia.

Ahora bien, como recomendación, también tenía otra opción: retirar la demanda sólo a los consejeros del PP y no al resto. Hubiera sido más coherente e igual de escandaloso.

Feliz Navidad.