En el año 2008, Bancaja le dio 44 millones de euros al empresario Enrique Ortiz para financiar el Plan Rabasa, en Alicante, que incluía, entre otras cosas, la llegada de Ikea a esa ciudad. El Plan no salió adelante. No se movió un ladrillo, pero el empresario se quedó con el dinero. Fue un pelotazo de libro al que posiblemente contribuyó la amistad entre el empresario y el director general de la entidad bancaria, Aurelio Izquierdo, que logró que se eliminara una cláusula por la que debía devolver el dinero si no se hacia la operación. Los pinchazos telefónicos de la operación Brugal dejan claras las “juergas sexuales” de ambos en el yate del empresario.

No fue la única operación de este tipo que hicieron. Juntos y por separado. Los dos aparecen en varios casos de corrupción. En Brugal, o en Gürtel, donde Ortiz pactó una pena de dos años. Izquierdo está en el desfalco de unos 750 millones de euros del banco en inversiones turísticas ruinosas en México. Por ese caso fueron detenidos José Vicente Ferri y José Salvador Baldó, los que fueron dueños del Hotel Papagayo Arena. Cuando Bancaja despidió a Izquierdo, en 2015, a pesar de sus éxitos le correspondía una indemnización de 14 millones de euros.

La cosa tiene su gracia, no solo por la coincidencia de estos dos empresarios con Playa Blanca, sino porque la semana pasada se cerraba el juicio por la licencia de Costa Roja, que fue otro pelotazo de libro y que, en caso de condena, se saldará con penas de inhabilitación y sin la presencia del promotor, que fue Luis Lleó. Precisamente Bancaja le concedió un préstamo de 41,8 millones de euros. Tampoco movió un ladrillo y tampoco los devolvió. La Sareb, que heredó esos activos tóxicos, le reclama ahora 54 millones, sumando los intereses.

Y hablando de intereses, el Supremo le reconoció a Lleó la devolución del dinero que pagó por la licencia (1,6 millones) más 800.000 euros. Este juicio se celebró antes que el de la licencia, que se ha demorado 17 años. Se confirma que el dinero se mueve más rápido que las personas. Bancaja nos salió caro. Se integró en Bankia, y el Estado puso ahí más de 22.000 millones, que no ha recuperado.

Lleó llegó tarde pero con ímpetu al festival de las licencias de Playa Blanca. La de Costa Roja, como otras, la necesitaba para obtener el préstamo, con el único aval de la propiedad del terreno. No necesitaba un alcalde, necesitaba un avalista. Con el caso Unión, estuvo seis meses en prisión provisional, pero pactó una condena de año y medio y no volvió a entrar. Antes de eso se dedicó a enfangar la vida política, judicial y periodística de la Isla, con un éxito mayor que en los negocios. Después se marchó con un buen número de millones que le dieron los bancos y con deudas de todo tipo. Para el fango tuvo colaboradores necesarios para facilitar, expandir, retrasar o defender: en la prensa, en los Juzgados o en las instituciones. Esperemos que, al menos, se consideren bien pagados, porque dinero, lo que es dinero, había para todos.