Es cierto que si un juicio alarga su resolución más de diez años, la justicia empieza a perder su eficacia. Demasiado tiempo para todos. También es cierto que no es lo mismo uno que se alarga por obra y gracia de las maniobras de algunos imputados, como el del caso Jable, que por otras circunstancias no tan evidentes, como la última pieza del caso Montecarlo.

En la pieza anterior salieron todos absueltos (menos uno). Si en esta ocurre lo mismo, los acusados se quejarán de haber soportado la pena de banquillo durante todo este tiempo, que podía haber sido más corto. Algunos, probablemente, con razón, por el tiempo transcurrido y los efectos de una probable condena social.

Ninguno de los concejales está ya en política y algunos técnicos están jubilados. A otros, aún en activo, no parece que les vaya mal del todo. Hay un técnico que sigue en su puesto y quizá mejor que nunca, a otro que le ha publicado el Cabildo un libro de recetas y un exalcalde que cambió de partido y ocupa un cargo intermedio en el Gobierno de Canarias. No parece que haya pesado muy negativamente en su nombramiento su imputación.

Y del empresario no se puede decir que haya dejado de contratar con la Administración. De hecho, gracias al famoso contrato marco del Cabildo, se evita las irregularidades que se le imputan en este procedimiento. A simple vista, no se alcanza a ver el perjuicio. Y el caso es que en el juicio se escuchan unas prácticas que, si no son corruptas, son para cerrar el negocio.   

Si el tiempo que pasa para la justicia es desesperante, la aceptación social, casi generalizada, de las prácticas corruptas es aún peor. La Isla sigue siendo un campo abonado que se sorprende, de vez en cuando, cuando alguien advierte que la cosecha no es buena, aunque ya lo sepa todo el mundo.