En el seno del PSOE sabían que la estruendosa caída en desgracia de su líder en Fuerteventura era cuestión de tiempo. El caso Gesturpa, por el que se le piden cuatro años y tres meses de cárcel, entró en el Juzgado en 2015. El caso La Pared, por el que se enfrenta a la petición de otros tres años de prisión, en realidad es lo que quedó vivo de una querella más amplia, del año 2015.

Otra causa –la 1006/16- se ventila en el Juzgado número cinco de Puerto del Rosario por una “contratación verbal” de 208.213 euros del Ayuntamiento de Pájara en materia hidráulica. En enero de 2019 se pidieron las transcripciones de unas testificales, que se acordaron un año después, y el procedimiento se ha demorado.

Pese a que las causas abiertas ya lo estaban en las últimas elecciones, los socialistas arriesgaron con la candidatura de Acosta, a sabiendas de que durante este mandato, aunque la Justicia sea lenta, era muy probable que llegasen a este punto procesal, con escritos de acusación de la Fiscalía y a las puertas de la apertura de juicio oral.

Con todo, la situación judicial de Blas Acosta no ha sido determinante, ni siquiera un factor, para que haya perdido el Cabildo de Fuerteventura (ni tampoco parece que para encontrar acomodo a la vera de Ángel Víctor Torres en el Gobierno de Canarias). Tras domesticar a Podemos, la ruptura ha llegado del lado por donde menos se podía esperar hace prácticamente nada: el de un Sergio Lloret con el que estrechó lazos en el pasado mandato.

Tan estrechos que el viernes antes de las elecciones, de lo último que hizo en el Cabildo antes de enfilar la jornada de reflexión fue tramitar el pago de una factura de 17.548 euros a una empresa vinculada al entonces alcalde de Tuineje, por un “estudio de viabilidad” para un puente entre Fuerteventura y Lanzarote. Pero tejer alianzas es una cosa y gobernar es otra. Y las diferencias entre el presidente y el todopoderoso consejero de Obras Públicas y Política Territorial empezaron a ser de dominio público desde hace meses.

El 11 de marzo se produce la ascensión al poder del nuevo pacto en el Cabildo de Fuerteventura, mientras que el expresidente encuentra acomodo a la vera de Torres

El jueves 11 de marzo, si no hay novedad, Sergio Lloret se convertirá en el tercer presidente que ha ocupado el despacho de presidencia en este mandato. Es el acuerdo al que han llegado AMF, PP y CC. Es cierto que un sector de Coalición Canaria entiende que se trata de una concesión excesiva a la fuerza minoritaria del pacto, y más al tratarse de Lloret, hasta hace nada enemigo político número uno en la sede de Asamblea Majorera. Pero sin el paso dado por Lloret (y Marcelino Cerdeña), Blas Acosta tenía el camino libre para llegar a 2023 manejando el Cabildo. “La prioridad era sacarle de la presidencia, porque ha demostrado ser un peligro para la Isla”, replican los nacionalistas que defienden el nuevo pacto y las condiciones.

El cambio de criterio de la Junta Electoral sobre quién puede optar a la presidencia de la Corporación insular también ha dado alas, dentro y fuera de Coalición Canaria, para alimentar las críticas a la cesión del bastón de mando. En 2005, la Junta determinó que, tras la dimisión del que era presidente en el Cabildo de Lanzarote (Francisco Cabrera, del PP, que había llegado al puesto a través de una moción de censura), correspondía la presidencia al cabeza de lista del partido más votado, el PIL. En realidad a la número cuatro, Inés Rojas. El número uno era Dimas Martín, que estaba en la cárcel por soborno, el número dos era Juan Pedro Hernández, que renunció, y la número tres María José Docal. La Junta Electoral de la época interpretó que, al haber sido censurada previamente por Cabrera, Docal pasaba al último lugar de la lista de su partido.

La Junta Electoral de ahora concluye lo contrario: Lola García, aunque fue censurada, sigue siendo la cabeza de lista de CC, y el nuevo presidente se elige por votación mayoritaria, como en los ayuntamientos, y no se proclama directamente al número uno de la plancha que fue más votada en las elecciones.

“Fuerteventura no está para rencores ni odios”, afirmó Lola García en la presentación del acuerdo. En realidad, la candidata nacionalista sería la directamente agraviada por la nueva doctrina de la Junta Electoral, asumida por la secretaría del Cabildo majorero, pero ha reiterado que prioriza un cambio de rumbo en la institución.

Aunque “no importan los sillones”, apostilló Lloret en la primera comparecencia del nuevo pacto, habrá que ver si se cumple la anunciada “coordinación” y “transparencia” en el funcionamiento del grupo de gobierno. En principio, AMF se queda con la presidencia y las áreas que ya tenía Lloret (Obras Públicas y Política Territorial). El PP asume Turismo; Industria y Comercio; Deportes y Educación y Juventud. Y Coalición Canaria todo lo demás.