Reiteración. En 1996, en los que se llamó el caso Flumelan, se dirigió una querella al Supremo contra el entonces alcalde y senador Juan Pedro Hernández, Dimas Martín, Benedicta Torres, Marcial Rodríguez y el abogado Juan Arencibia. Se investigaba la venta a precio de saldo, a pesar de estar en quiebra, por parte de  la empresa Ercros de varias parcelas y de la Montaña de Tahíche a la sociedad Flumelan, relacionada con la secretaria de Dimas Martín. La sociedad vendió posteriormente esos terrenos y con el dinero, según la querella, se pagaron una serie de deudas del Ayuntamiento de Teguise y de necesidades personales del líder del PIL. El caso, que salpicaba al que luego fue ministro y entonces era director de Ercros, Josep Piqué (que visitó Lanzarote el otro día y dio una conferencia organizada por Lancelot Medios), no avanzó.

Gracias al sumario del caso Unión, se puede comprobar que la relación entre Arencibia y Dimas Martín continuaba muchos años después y que Dimas le consultó la forma de privatizar un tercio de Inalsa. Organizó en Las Palmas una reunión con él “de forma discreta”, y también hablaban de unas parcelas en Costa Teguise que iban a meter en el Plan General.

Hace dos años, la lista Falciani desvelaba tres nombres de canarios con cuentas en Suiza que estaban sujetos a diligencias penales por delitos económicos porque la cantidad supuestamente defraudada superaba los 120.000 euros. Uno de esos nombres era el del abogado Juan Arencibia.

Ayer, la Policía detenía por orden judicial al abogado Arencibia porque la Fiscalía considera que está ligado a la fortuna del dictador de Guinea Teodoro Obiang, al que se le relaciona incluso con un complejo de apartamentos en Costa Teguise y a unos testaferros rusos. Se sospecha que sería “uno de los arquitectos del entramado empresarial y financiero utilizado por Obiang, sus familiares y otras personas de su entorno para el blanqueo de capitales”.

Pues eso. Que hay detenciones que si pillan de sorpresa no es por el motivo, sino por el momento.

Rectificación. Hay ocasiones en que hay que rectificar. Publicamos que el Cabildo había renovado los tubos de los géiseres de Timanfaya hace dos años sin recabar el informe de Patrimonio, que es preceptivo. En diciembre de 2013, el entonces consejero decidió por decreto saltarse ese informe porque no estaba prevista una reunión de la Comisión insular de patrimonio y había que hacer las obras por urgencia por motivos de seguridad. El caso es que, según publicaba este mismo periódico,  la s obras se habían hecho hace dos años y, en este tiempo, el Cabildo había tenido tiempo de sobra para pedir el dichoso informe y no lo había hecho. Pues bien, la cosa no es así. A pesar de que se decreta la urgencia de las obras y de no recabar ese informe por las prisas, las obras no se hicieron hasta hace un mes y medio. Lo han entendido bien. Se decreta que no se va a seguir el procedimiento legal para hacer unas obras por motivos de urgencia y después se tarda casi dos años en hacer las obras.